Emilio Lozoya atendió su cita en el Reclusorio Norte… y se quedó a cenar.
Su visita al Hunan de semanas atrás le salió cara no por lo que gastara en ese lujoso restaurante de Lomas de Virreyes, sino porque fue tema de debate en la audiencia de ayer, donde el juez determinó modificarle la medida cautelar a prisión preventiva justificada.
El juez José Artemio Zúñiga también consideró su decisión en tres rubros: la red familiar de ayuda del ex director de Pemex, los recursos económicos con los que cuenta para darse a la fuga y mantenerse oculto.
Lo primero en referencia a que su esposa Marielle Helene, es originaria de Alemania; el segundo argumento se basó en que Lozoya posee, al menos, 2 millones de euros en una cuenta de las Islas Vírgenes Británicas.
El último argumento fue que la pena máxima que alcanzaría la suma de los tres delitos que se le imputan, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, es de 35 años y eso motivaría a que Lozoya decidiera fugarse.
Hasta ayer, Lozoya mantenía tres medidas cautelares: la entrega de su pasaporte y visa, el uso de un brazalete electrónico, así como la firma periódica, la cual hacía vía remota por la pandemia.
Asimismo, el juez pidió a la FGR garantizar la protección en prisión de Lozoya, pues en el reclusorio Norte se encuentran algunas de los señalados por el ex funcionario, en referencia al ex senador Jorge Luis Lavalle.
El tema del criterio de oportunidad solicitado por Lozoya también fue discutido ayer; uno de los requisitos para que se otorgue esa medida es que repare el daño causado, cuyo monto la FGR fijó en más de 7 millones de dólares.
Sin embargo, el asesor jurídico de Pemex, Víctor Tinoco, calificó de irreparable el daño causado, al tiempo que aseguró que Lozoya no ha mostrado intención de reparar el “gravísimo” daño que ocasionó al Estado.
Enseguida, el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, ofreció dos casas para buscar la reparación del daño, incluso entregó dos copias de las escrituras y aseguró que son de un “valor alto” y superaran el monto señalado por las autoridades.
Lozoya niega haberse fugado
Lozoya pidió hablar y en primer término rechazó que tuviera un trato especial o privilegiado y se dijo víctima de un persecución. “Se ha gestado un ambiente de persecución en la opinión pública; de un supuesto trato especial, privilegiado, hacia mí, nada más alejado de la realidad: mi madre estuvo presa en cinco diferentes prisiones en Alemania por un depósito de 120, 150 mil dólares realizado en 2012, antes incluso de que fuera funcionario”.
También negó haberse fugado a España: “Vine un 1 de mayo de 2019 y tuve reuniones con altos funcionarios del gobierno de México y regresé a trabajar. Nunca evadí la justicia, nunca me quise extraer de la justicia”.
Gilda Margarita Austin Solís, madre de Lozoya, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, también estuvo presente en esta audiencia.
El abogado de Lozoya adelantó que promoverá un recurso contra la prisión preventiva justificada: “Desde diversos ámbitos hemos promovido y en este caso también promoveremos algunos recursos, pero estamos ciertos que la vía es el acuerdo con la FGR; ratificar ante el tribunal su denuncia, y estamos absolutamente convencidos que es un paso que va a acelerar la suspensión del ejercicio de la acción penal y la extinción penal a favor de él».
Pese al fallo, aseguró que mantiene una colaboración “sólida y permanente con las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal y la Presidencia”.
El MP de la Federación calificó de “poco pudor procesal” la visita de Lozoya al restaurante Hunan, pues refleja el “nivel de impunidad con el que se está moviendo”.
En su oportunidad, el representante legal de la UIF incluso aseveró que su visita a dicho restaurante había sido una “falta de respeto y una provocación a las instituciones”.
Suma ocho denuncias
La UIF ha presentado ocho denuncias ante la FGR contra Lozoya por delitos de lavado de dinero, corrupción y desvío de recursos públicos, y ha bloqueado las cuentas bancarias de su familia y allegados desde 2019.
La primera acusación se presentó en enero de 2019 por el caso de la empresa Yacani que implicó a 13 personas.
MILENIO reveló en ese año que esta empresa que brinda servicios inmobiliarios y alquiler de bienes, propiedad de Marielle Helen, fue utilizada como fachada para triangular los sobornos de Odebrecht.
El 25 de mayo se presentó una más por el caso de Altos Hornos de México, el 28 de junio por Tochos y el 2 de septiembre por OHL, empresas que ayudaron a triangular recursos desde Pemex a través de diferentes contratos. En estos tres casos se denunciaron a un grupo de 22 personas físicas y morales, en las que se encuentra directamente Lozoya.
El 2 de septiembre de 2019 denunciaron a 25 personas, por los convenios y pago de servicios que Pemex suscribió con Lozoya al frente con el mismo esquema con el que se operó la Estafa Maestra, y que según la declaración de hechos del ex funcionario, se trató de un plan ideado por Peña Nieto y Luis Videgaray.
El 13 de septiembre se hizo otra denuncia por un desvío de más de 83 millones de pesos a través de la Universidad de la Chontalpa con la empresa Maheca, mediante contratos con Pemex Exploración y Producción que nunca se cumplieron.
El 16 de julio de 2021, la UIF denunció a Lozoya, Odebrecht, 33 empresas entre filiales y fachada, y 11 personas físicas por desvío de 3 mil millones de pesos. Una más se hizo el 3 de agosto pasado relacionada con este mismo caso, pero contra tres empresas que recibieron recursos públicos de manera indebida.
Con información de Milenio Diario
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