La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de tres presuntos prestanombres de la red de desvíos que también vincula a la pareja Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.
De acuerdo con la FGR, los tres imputados ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal, luego de que se presentaron a comparecer por otra audiencia.
“Todas estas personas físicas y morales probablemente se coludieron para circular operaciones y dotar de recursos a esta organización criminal bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando el rastreo de los recursos”, dijo la Fiscalía.
Previamente la FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la actriz y presentadora de televisión Inés Gómez Mont, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
En la investigación de la FGR indica que tanto las personas físicas como morales involucradas en el caso celebraban contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Administración Social (OADPRS) para lograr su propósito.
Entre las personas vinculadas a red de desvíos se encuentran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Además de Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, considerado como el principal prestanombres de Álvarez Puga, y Paulo Uribe, exdirector General de Administración, quien es uno de los 20 funcionarios y exmandos del OADPRS.
El grupo utilizaba comprobantes fiscales digitales que encubrían operaciones falsas y presuntos actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban, con la finalidad de lavar dinero disfrazando dichos delitos con ganancias que eran inexistentes y por tanto ilícitas.
Contra Álvarez Puga e Inés Gómez Mont ya existía una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero girada en octubre de 2021, así como una ficha roja emitida por Interpol.
La FGR señala a ambos personajes como las «cabezas» de una organización criminal. Además existe otro grupo criminal integrado por funcionarios federales que colaboraban en diversos penales.
A los responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el #PoderJudicial y se obtuvieron órdenes de aprehensión; tres de ellos se encuentran ya recluidos. En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente. 2/2
— FGR México (@FGRMexico) January 21, 2022
El esquema del delito
La Fiscalía dio a conocer este jueves el esquema de facturación y simulación de contrataciones públicas con el que diversos exfuncionarios y empresarios, entre ellos Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, participaron en el desvío de más de dos mil millones de pesos.
Desde noviembre de 2019 inició la investigación en contra de Álvarez Puga, Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas supuestamente involucradas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, detalló la Fiscalía.
“Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.
Según la FGR, la organización principal estaba a cargo de Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, quienes trabajaban con supuestos representantes de empresas.
“Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
“El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron (ellos) los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”, señaló la FGR.
La Fiscalía indicó que cada grupo se coordinaba con los otros para realizar los delitos que se persiguen. Como parte de estos ilícitos, una de las empresas investigadas, representada por Héctor “Z”, recibió más de dos mil 500 millones de pesos.
Mientras que la indagatoria señala como contratos irregulares centrales dos con los Centros Federales de Readaptación Social por dos mil 950 millones de pesos. Uno de los implicados en la investigación, Gabriel “M”, quien figuraba como accionista de una de las empresas, vendió sus acciones antes del inicio de las operacines delictivas.
Con Información de Revista Proceso.