En esencia, el juez indica en su escrito que Idaho tiene jurisdicción para legislar sobre el aborto, pero que queda limitada por las regulaciones sanitarias impuestas a nivel federal.
El pasado 12 de agosto, la Corte Suprema de Idaho había fallado a favor del gobierno republicano del estado y dado su visto bueno a que se aplicara la ley del aborto.
Por tres votos a favor y dos en contra, la corte de mayor instancia del estado denegó la petición de Planned Parenthood, que solicitaba que se bloqueara la entrada en vigor de la norma el próximo 25 de agosto alegando que viola los derechos a la privacidad y a la igual protección ante la ley.
Además de Planned Parenthood, el pasado 2 de agosto, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció otra demanda contra Idaho al considerar que su ley contra el aborto “criminaliza a los médicos” e impide que practiquen con libertad las interrupciones del embarazo cuando la salud de la mujer está en riesgo.
El Departamento de Justicia demandó a Idaho por violar la Ley federal de Trabajo y de Tratamiento Médico de Emergencia, para intentar proteger a los médicos que tienen que intervenir cuando el aborto es “el tratamiento médico necesario para estabilizar la condición médica de emergencia de una paciente”.
Fue la primera acción del Departamento de Justicia contra un estado desde que el pasado junio el Tribunal Supremo anulara la sentencia “Roe contra Wade” y eliminara la protección federal del derecho al aborto, cediendo a los estados su legislación.
Información recuperada de: LATINUS
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