CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 20 de enero de 2023
No me cabe la menor duda de que en las escuelas de educación básica de Morelos, oficiales y particulares, es creciente la problemática de la violencia, mientras simultáneamente se hace apología de la misma a través de los grandes medios de comunicación, verbigracia el cine, industria en la cual abundan producciones exaltando las culturas de la violencia, las armas y el narcotráfico. Respecto al tercer punto, es muy grave el hecho de que centenares de miles de jóvenes sean reclutados por grupos del crimen organizado frente a la tentación y fantasía del dinero fácil.
Lo anterior me sirve como preámbulo para comentar la declaración vertida este jueves por el maestro Eliacín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), en el sentido de que el personal docente de las escuelas primarias y secundarias del sector público está impedido para aplicar de manera liberal operativos de “mochilas seguras”, simple y sencillamente porque las revisiones no son toleradas, ni por los propios alumnos, como tampoco por los padres de familia.
El funcionario señaló, sin embargo, que un operativo de revisión de mochilas, practicado desde los hogares por los padres de familia, lograría disminuir de manera notable el traslado de sustancias ilegales, sean del tipo que fuere, amén de que también se abatiría la portación de armas blancas (de diferente tipo) y armas de fuego.
Me parece que el director general del IEBEM tiene toda la razón, pues nosotros hemos sido testigos sobre la forma en que los padres de familia se irritan sobremanera cuando las mochilas de sus hijos son revisadas por las autoridades de las escuelas, aunque no existe una mejor forma para lograr que las actividades escolares se lleven a cabo con absoluta paz y tranquilidad.
En Morelos, como en otros estados del país, han sido vanos los esfuerzos del personal docente y autoridades educativas estatales para la aplicación del programa “Mochila Segura” que, por cierto, se ha aplicado en diversas épocas históricas en nuestra entidad, primero con buenos resultados, pero con un saldo negativo posteriormente debido, insisto, al rechazo de los alumnos, quienes se sienten invadidos en su privacidad, y desde luego por sus padres que, sintiéndose ofendidos ante la revisión de mochilas, han expresado “nuestros hijos no son ningunos delincuentes”.
El 4 de agosto de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la aplicación del “Operativo Mochila Segura” durante la pasada administración (la de Enrique Peña Nieto) violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica en la Ciudad de México, por lo cual dirigió una Recomendación al entonces Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
Y es que, tras sus investigaciones, derivadas de dos quejas que consideraron “El Operativo” como un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana, la CNDH constató que las autoridades escolares y educativas trasgredieron los derechos mencionados, al no implementar medidas de protección y de cuidado con un enfoque de derechos humanos que garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos. Advirtió además que “El Operativo” no tenía un Protocolo general y homologado que permitiese su aplicación a nivel nacional, considerando el contexto de cada entidad federativa con enfoque de derechos humanos.
Aunque se tienen leyes generales, locales y diversas disposiciones normativas para garantizar la educación en ambientes pacíficos y no violentos; docentes, personal administrativo, autoridades escolares y educativas desconocen su aplicación, ante lo cual la CNDH consideró que, ante la creciente violencia en los diferentes ámbitos de convivencia del país, cualquier mecanismo que se implemente en relación con la niñez debe ser considerado como una medida de protección y de cuidado y no de seguridad.
Lo anterior, toda vez que “El Operativo”, tal como fue concebido y aplicado, carecía de un enfoque de derechos humanos, pues presuponía que niñas, niños y adolescentes cometerán algún delito, siendo que la obligación de las autoridades educativas y escolares, tal como lo dispone el artículo 42, primer párrafo, de la Ley General de Educación, es la adopción de medidas de protección y de cuidado que aseguren la preservación de la integridad física, psicológica y social de los educandos, sobre la base del respeto a su dignidad, mas no la creación de medidas de seguridad o de prevención del delito. Etcétera, etcétera.
Así las cosas, paulatinamente las autoridades educativas de los estados fueron abandonando la aplicación de los operativos mochila, para no tener problemas con los órganos de protección de derechos humanos, los padres de familia y los mismísimos alumnos. En concreto: la propuesta del maestro Eliacín Salgado de la Paz, para que desde casa sean los padres de familia quienes efectúen las revisiones, podría derivar en una mayor seguridad en los planteles. ¿Usted qué opina, estimado lector y amigo del auditorio?
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