Los tribunales de la India condenaron a muerte a 165 personas el año pasado, la cifra más alta registrada en las dos últimas décadas y que en más de la mitad de los casos respondió a delitos sexuales, según un informe publicado este lunes.
«Con 165 sentencias de muerte a fines de 2022, este es el mayor número de sentencias de muerte impuestas en un año en más de dos décadas (desde 2000)», se lee en este documento de 77 páginas difundido por el centro de investigación «Project39A», especializado en justicia penal y que forma parte de la Universidad de Derecho de Nueva Delhi.
El informe también señaló que poco más de la mitad de los casos en los que se decretó la pena de muerte estuvieron relacionadas con casos de violencia sexual en 2022, una tendencia habitual durante los últimos cinco años en la India.
Esta cifra, superior a las 146 condenas registradas en 2021, se debe en gran parte a la pena de muerte que el pasado febrero decretó un tribunal especial para 38 de los 49 implicados en una serie de atentados en la ciudad de Ahmedabad, que causaron unas 55 víctimas mortales y unos 200 heridos en julio de 2008.
Este fue el mayor número de personas condenadas a muerte en un solo juicio desde 2016, mientras que el resto de acusados fueron sentenciados a cadena perpetua.
Los condenados por este caso pasaron a formar parte de una de las 539 personas que aguardaban a finales de 2022 en el corredor de la muerte, la cifra más alta reportada desde 2016, primer año en que se publicó el informe.
Esto supone 49 personas más de las que estaban sentenciadas a muerte con respecto a 2021, y un aumento del 40 % en comparación con 2015.
El aumento de estos datos se debe a «la gran cantidad de sentencias de muerte impuestas por los tribunales de primera instancia y la consiguiente baja tasa de resolución de casos de pena de muerte por parte de los tribunales de apelación», explica el informe.
En este sentido, el documento criticó que los tribunales de primera instancia impusieran sentencias de muerte en el 98,3 % de los casos «sin tener en cuenta ningún material sobre las circunstancias atenuantes del acusado».
Una falta de información habitual que preocupó a inicios del pasado año al Tribunal Supremo y que llevó a sus jueces a examinar las prácticas de estos tribunales para reformar los procedimientos de actuación.
CON INFORMACIÓN DE EFE.
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