Mientras se acumulan más de 5.600 toneladas de deshechos en las calles de París por la huelga de basureros, movilizados desde hace 8 días contra la reforma de las pensiones, el Gobierno de Emmanuel Macron y la Alcaldía socialista de la capital gala se han lanzado duros reproches.
Varios ministros de Macron han acusado a la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo -cuyo partido es opositor al Ejecutivo-, de «promover» el paro de los operarios de la limpieza por intereses políticos y de no hacer nada ante lo que juzgan «un problema de salubridad y seguridad pública».
En una entrevista a la radio France Inter, el ministro de Hacienda, Gabriel Attal, abrió hoy incluso la puerta a que se obligue por decreto a trabajar a los basureros y a los empleados de las plantas incineradoras, como sucedió el pasado año en un paro similar en Marsella, una de las principales ciudades francesas.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, incidió también en que hay «una responsabilidad» del Ayuntamiento de París, administrado por los socialistas en una coalición en la que participan verdes y comunistas.
El paro en el servicio de recogidas de basura en París y en varias incineradoras de desechos -convocado al menos hasta el miércoles- ha dejado unas incómodas imágenes de la ciudad, una de las más turísticas del mundo por sus museos, la moda y la alta gastronomía. En 500 días, la capital acogerá además los Juegos Olímpicos de 2024.
La alcaldesa Hidalgo dejó a su concejala de Limpieza, Colombe Brossel, responder a las acusaciones. «Si se retira inmediatamente la reforma de las pensiones del Gobierno que eleva la edad mínima de jubilación a los 64 años, las incineradoras y los garajes (de los vehículos de limpieza) se desbloquearán inmediatamente».
Ediles conservadores de París, como el alcalde del distrito XVII, han criticado también a la regidora por no acudir a prestadores privados para la recogida de la basura, ante el aumento de los índices de salubridad, reflejado en la proliferación de ratas.
La mitad de los 20 barrios de París tienen privatizado el servicio y sí que han visto sus desechos recogidos.
El plan de reforma de las pensiones, cuya medida más impopular es el aumento de la edad legal de jubilación de los 62 a los 64 años, está en la última fase de tramitación parlamentaria en medio de una oleada de protestas y manifestaciones en gran parte de Francia.
El presidente Macron y su Gobierno la consideran fundamental para equilibrar a medio y largo plazo el déficit del sistema de pensiones, mientras que la oposición la ve innecesaria y juzga que las cuentas se pueden equilibrar de otra manera, por ejemplo, con una robusta reforma fiscal que tase a los más ricos.
CON INFORMACIÓN DE EFE.
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