El Juez Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas concedió al Gobernador Samuel García una suspensión definitiva de amparo para frenar su destitución por medio de un juicio político y para que no le sean aplicadas las reformas que le restan atribuciones.
De acuerdo con la resolución del juez Faustino Gutiérrez, se otorga la protección en vista de que el Congreso no rindió informe previo y no presentó alegatos y en virtud de que de no otorgarla se podría generar un daño irreparable al promovente.
«Al solicitarlo la parte quejosa, no causarse perjuicio al interés social no contravenirse disposiciones de orden público, y de llevarse a cabo los actos reclamados se ocasionaría daños y perjuicios de difícil reparación, aunado a la actualización de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, se otorga la suspensión definitiva de los actos reclamados», se establece en el juicio 407/2023.
«El efecto de la medida es que se mantengan las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la emisión del Decreto 340 de la actual legislatura, de tal forma que, la parte quejosa continuará en el cargo que constitucionalmente le ha sido conferido como Gobernador del Estado de Nuevo León, sin que le sean aplicadas, por ahora, las reformas contenidas en el citado decreto».
Gutiérrez ya había concedido suspensiones provisionales al Mandatario como parte de este juicio, lo que generó críticas y denuncia por parte de los Diputados de PRI y PAN, que fueron refutadas por el Gobierno al señalar que otros jueces y hasta la Suprema Corte también le han dado resoluciones favorables.
En un comunicado, el Estado señala que además de iniciar un proceso de juicio político para destituir a García, los legisladores buscan quitarle el derecho de veto en el proceso de selección del Fiscal; quitarle la facultad de sanción, refrendo, promulgación y publicación de leyes, y establecer la moción de censura a la totalidad del Gabinete por parte del Legislativo.
«Asimismo, el Legislativo busca la ratificación del Congreso de funcionarios de Hacienda, UIF y SAT; la ratificación del Secretario General de Gobierno; obligar al Ejecutivo a presentar la Ley de Ingresos y de presentar el Presupuesto de Egresos, y fincar hechos de corrupción, faltas graves y juicios de procedencia sobre miembros del Gabinete y otros funcionarios», informó el Gobierno.
Luego de que Diputados de PRI y PAN señalaron que el juez se extralimitó y prácticamente deja sin efectos todas los acuerdos del legislativo, en la resolución de ayer, Gutiérrez afirma que sólo otorgó la protección en cuanto a los efectos que los actos reclamados podrían tener sobre el quejoso, es decir el Gobernador.
«Tampoco es materia de esta suspensión la validez de resoluciones o declaraciones de un Congreso Local, ni el ejercicio de las facultades soberanas o discrecionales que tiene el Congreso de Nuevo León o sus Comisiones para resolver sobre responsabilidades políticas», afirmó.
«Sino que se limita a atener los efectos que en la persona del quejoso puede impactar los actos procesales intermedios a la luz de los derechos de audiencia, debida defensa, protección judicial y tutela efectiva, acceso a la justicia y recurso judicial también efectivo.
Existen otras suspensiones provisionales otorgadas por otros jueces como parte del pleito entre poderes, y será en los próximos días cuando estos juzgadores definan si niegan o también otorgan la protección definitiva.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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