El pleno del Congreso de Perú aprobó este miércoles una acusación constitucional contra dos exministros de Pedro Castillo, el que fue de Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, para que estos puedan afrontar una investigación fiscal por su presunta participación en el autogolpe de Estado que intentó dar el expresidente el pasado 7 de diciembre.
En el caso de Huerta, el pleno aprobó con 57 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones, admitir la acusación contra el que era ministro de Interior, mientras que la acusación contra Sánchez contó con 50 a favor, 21 en contra y 13 abstenciones.
Poco antes, el mismo pleno también votó a favor con 66 votos de que la ex primera ministra Betssy Chávez sea acusada constitucionalmente por la presunta comisión, como coautora, del delito de rebelión y, alternativamente, de conspiración.
De inmediato, el Congreso también votó y aprobó suspender a Chávez en el ejercicio de sus funciones legislativas, ya que integra la bancada de Perú Democrático, en tanto dure el proceso penal en su contra, por 66 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones.
Por el contrario, el pleno no suspendió la condición de parlamentario de Sánchez al recibir ese planteamiento 27 votos a favor, 39 en contra y 18 abstenciones.
Antes de la votación, hubo un extenso debate en el que los tres implicados, sus defensas y parlamentarios de diferentes bancadas expusieron sus puntos de vista.
En su intervención, Huerta afirmó en varias ocasiones que ya ha probado ante la Fiscalía que no tenía conocimiento de la intención de Castillo y que, por tanto, no existe conspiración por su parte, ni pruebas que corroboren esta acusación.
En este sentido, dijo que se siente «traicionado», «utilizado» y «defraudado» por el exmandatario por haberlo involucrado en esta situación, algo que consideró que no merece porque ha respetado «todos los principios que corresponden a la norma», según indicó.
«No soy político, soy un servidor policial, soy un policía», indicó al recordar que es un oficial retirado de la Policía Nacional y añadir que tras el mensaje de Castillo fue de inmediato a su despacho para presentar su dimisión y que si este le hubiera dado la orden de cerrar el Congreso, no lo habría hecho.
Por su parte, Sánchez también defendió su inocencia de las acusaciones y sostuvo que desconocía lo que iba a pasar el 7 de diciembre y que no hubo ningún diálogo previo que le informara de lo que Castillo iba a anunciar en el mensaje a la Nación.
«Yo mismo quisiera saber quienes tomaron esa decisión», dijo respecto a que no participó del autogolpe y que desconoce quien colaboró en este y exhortó a los responsables que asuman sus actos y digan la verdad al país, porque «Perú necesita afrontar este momento crítico».
Antes, Chávez pidió al pleno que apruebe la acusación para afrontar la investigación fiscal, «me allano», dijo la ex primera ministra que fue electa diputada por el partido marxista Perú Libre, que llevó a Castillo al poder en 2021.
De inmediato, manifestó su «profundo compromiso democrático» y dijo que «se requiere reconciliar a este país y para eso es prioritario que el pacto social sea producto del diálogo».
El debate de la acusación presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue aprobado el pasado 14 de marzo por la Comisión Permanente del Congreso.
EFE.
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