Agustín Caso Raphael, auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, logró una suspensión definitiva sobre el procedimiento de investigación que se le aplicó tras dar a conocer los resultados de Cuenta Pública 2019, que determinó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) costó más de 300 mil millones de pesos.
En la Comisión de Vigilancia de la ASF, Caso Raphael defendió la labor de la Auditoría Superior de la Federación, al señalar que nadie debe ver los resultados como un agravio, sino como parte de la función del Estado y del equilibrio de Poderes en una democracia.
Hace dos años, el auditor especial fue separado del cargo ante el rechazo que provocó la auditoría al NAIM por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó los resultados, exigió que se corrigieran y acusó que la información se usó por sus adversarios para atacarlo.
A raíz de ello, se emitió un comunicado por parte de la ASF, donde se advertía que podría haber inconsistencias en el cálculo y posteriormente la Unidad de Evaluación y Control (UEC), órgano de la Comisión de Vigilancia, inició una investigación a Caso Raphael.
En dicha auditoría se estimó que cancelar la obra tuvo un costo de 331 mil millones de pesos, un 232 por ciento más que lo estimado por el Gobierno federal, porque sólo se consideró la inversión ejecutada y el valor de la conclusión anticipada de contratos, pero no las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción ni los costos legales involucrados.
«Debo informar que por determinación de la autoridad judicial federal se ha establecido una suspensión definitiva de dicho procedimiento (de la UEC).
«Mi compromiso de fondo es con la Constitución, con las instituciones, con la función fiscalizadora y en virtud de la suspensión definitiva otorgada, existen condiciones para desarrollarla, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que nos rigen», señaló en la reunión con diputados para revisar resultados a la Cuenta Pública del 2021.
Tras el escándalo que desató la auditoría al NAIM y los cuestionamientos a la ASF, Caso Raphael dijo que la fiscalización no debe entenderse como un acto de valentía personal y de osadía de una institución a otra, sino como una función del Estado.
«No hay por qué ver en cada auditoria un agravio ni tampoco un resultado con pocas observaciones debe entenderse como un elogio político, sino el resultado de un proceso de fiscalización fundamentado y motivado que busca el bienestar social.
«Aunque sería inocente pensar que los actores políticos dejarán de usar un dato de cualquier auditoría para cuestionar y confrontarse entre sí, todos debemos mantener serenidad y firmeza y alejar juicios de valor, permitiendo que los procedimientos legales se desarrollen sin perdernos del objetivo», sostuvo el auditor Especial de Desempeño.
Recordó que en México la fiscalización superior la realiza el Poder Legislativo, porque este Poder aprueba ingresos, endeudamiento y gasto de cada ejercicio.
«Los entes fiscalizados deben responder por el cumplimiento de estas determinaciones y en el caso de la fiscalización de desempeño se verifica que se cumplan los objetivos, las metas de las políticas pública, los programas y los proyectos, formulándose las recomendaciones para la mejora de estos y en su caso las sugerencias legislativas para mejorar el diseño institucional.
«En un régimen de equilibrio de Poderes, nadie debe extrañarse porque uno de éstos ejerza sus facultades», advirtió.
Remarcó que dicha interacción, en que un Poder cuestiona y otro Poder responde en el marco de la ley, es lo propio en la normalidad institucional de las democracias, y a su vez es el camino para mejorar el conjunto de las funciones públicas y así lograr que cada peso contribuya al bienestar de la población.
Sostuvo que en el ámbito de la fiscalización no es propio para expresar ofensas ni considerar que todo lo que realiza un Gobierno puede ser señalado como equivocado o acertado al cien por ciento.
«Así la fiscalización superior no es un instrumento de la disputa política sino una facultad, que en el caso de las auditorías de cumplimiento y financieras establecen las sanciones correspondientes, y en el caso de las auditorías de desempeño, promueve el fortalecimiento de las políticas públicas y la acción gubernamental, fungiendo así la ASF a través de la auditoría especial de desempeño como un asesor independiente y autónomo del Estado», sostuvo Agustín Caso en su mensaje ante diputados de la Comisión de Vigilancia.
Esta es la primera vez que se presenta el auditor ante los legisladores, porque hace un año no se presentó en las reuniones de trabajo para analizar los resultados a la Cuenta Pública del 2022.
Además, no se presentó el titular de la UEC, David Villanueva, quien inició el proceso de investigación contra Caso Raphael.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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