El ex Gobernador César Duarte señaló que pasó de ser un perseguido político a un botín político.
«A casi tres años de estar privado de mi libertad y de mi patrimonio, dejé de ser un perseguido político y solo soy un botín político para un muy cuestionable interés político», indicó el ex priista en una carta dirigida este 29 de marzo a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Myriam Hernández, y al Fiscal General del Estado, César Jáuregui.
Duarte acusó un olvido por parte de las autoridades sobre su caso y aseguró que no busca un indulto, sino un juicio justo y apegado a la ley.
En la misiva, Duarte no se refirió a la reciente multa de 97.9 millones de pesos que el INE aplicó al PRI por el desvío de 39 millones 166 mil 666 pesos de su Administración estatal al partido.
«Existe perfecta claridad en el día que empezó mi nombre, mi historia y mi patrimonio a ser destruidos para darle a Chihuahua una supuesta justicia ofrecida por un quinquenio maldito; sin embargo, no hay claridad respecto de cuándo terminará la protección que las Instituciones del Estado parecieran brindar con impunidad y sin justicia, contra quienes usan el poder solo en favor de sí mismos», expuso Duarte en el documento.
«¿En qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó que en ningún caso una persona puede estar privada de su libertad sin una sentencia condenatoria por más de dos años? ¿En qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó que los actos procesales tienen plazos y términos de carácter no discrecional sino obligatorios y que deben cumplirse? ¿En qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó la Soberanía que la Constitución le confiere a su poder?», cuestionó.
El ex Mandatario reprochó que el Poder Judicial del Estado, «de la manera más absurda y contraria a derecho», niega solicitudes legalmente fundadas y resuelven en contra de manera automática con la única finalidad de que los Juzgados Federales resuelvan, lo cual, dijo, dilata resoluciones y utiliza al Poder Judicial de la Federación, además de pervertir su finalidad.
«Esto además de transformar el juicio de amparo de un medio de control constitucional en un medio para que resuelva un Juzgado Federal lo que un Poder Judicial del Estado dolosamente no resuelve; generando con ello, una enorme desconfianza en la sociedad ante la administración de una «Justicia» selectiva que hicieron una clara e identificada cantidad de Jueces de Consigna quienes cometieron atroces atropellos (como el caso de José Lázaro Joaquín López q.e. p.d.) y que gozaron y siguen gozando de total impunidad», refirió en la carta.
Duarte recalcó que «el olvido» no es exclusivo del Poder Judicial, sino también de la Fiscalía General del Estado.
«¿En qué momento la Fiscalía del Estado olvidó que sus actuaciones también están todas ellas sujetas a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a los Tratados Internacionales? ¿Cómo fue que olvidó que los bienes asegurados y embargados tendrán en su momento que ser devueltos tal como fueron asegurados y embargados junto con los productos de los mismos? ¿Cómo es que olvidó que dicha responsabilidad no es ya responsabilidad de la perversa administración estatal anterior?», inquirió el ex Gobernador.
En su carta, mencionó que hace más de 5 años inició el aseguramiento y embargo de sus bienes y su familia y hasta de sus amigos.
«Dichos bienes, fueron objeto ya de un juicio de extinción de dominio bajo el número de Expediente 74/21, juicio que se concluyó conforme a derecho al demostrar que dichos bienes habían sido adquiridos antes de haber sido gobernador; sin embargo, horas después, de manera absurdamente arbitraria e ilegal me volvieron a privar de ellos en complicidad jueces y ministerios públicos», afirmó.
«Desde la primera vez que fueron asegurados y hasta la fecha, prácticamente toda autoridad y servidor publico que entra en contacto con ellos, han cometido el delito de daños, o robo o despojo, todos estos delitos cometidos en mi contra por funcionarios públicos y cuyas instituciones a las que pertenecen parecieran que ignoran quienes en su carácter de depositarios y administradores son los responsables de denunciar y perseguir tales delitos, o ¿están esperando a que sea yo mismo quien los denuncie, cuando en este momento la responsabilidad legal es de ellos?», se quejó.
«¿Podrá alguna vez explicar la Fiscalía cómo y por qué omite y no investiga a todo su personal que destruyó y robó, o permitió que destruyeran y robaran mis bienes que están bajo su responsabiidad y resguardo?».
Duarte acusó que la FGE ha omitido investigar a funcionarios de la administración anterior denunciados por presuntamente simular pruebas y falsear sus declaraciones para incriminarlo a él y a otros ex servidores públicos.
«O acaso ¿le siguen otorgando ilegal inmunidad entre muchos otros a Arturo Fuentes Vélez, Abril Portillo de la Fuente, José Jesús Jordán Orozco, Silvia Madrid Bustillos, Gregorio Daniel Morales Luévano? ¿De la nada desaparecieron entre otras, las carpetas de Investigación NUC 19-2022-00005838 y NUC 19-2019-0026821; ¿necesitan más nombres, más números de carpetas de investigación o más denuncias?».
Sin mencionarlo por su nombre, acusó a Javier Corral de «mentiroso» y de derrochar recursos en la Operación Justicia para Chihuahua, así como de «tortura ordenada y consentida.
«… Las faltas graves de ministerios públicos y demás funcionarios parecen ser que merecieran por esta administración y por la historia la indolencia de un justificado olvido».
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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