Ortiz Guarneros realizó un análisis comparativo entre los presupuestos autorizados 2022-2023, para demostrar que el aumento real por 151 millones 36 mil 823 pesos no es suficiente y, además fue etiquetado en cuatro rubros que son 100 millones de pesos en patrullas y cámaras de video vigilancia; cinco millones para la adquisición de productos sanitarios para adolescentes y mujeres privadas de su libertad; un millón 826 mil pesos de incremento del FASP; y, 44 millones 2010 mil pesos como complemento del costo de servicios requeridos.
El titular de la CES, aseguró que el aumento real no es suficiente para hacer a las necesidades en materia de seguridad, “en 2022 se asignó un total de mil 509 millones 898 mil 587 pesos exclusivamente para la operatividad de la CES, resultado del presupuesto publicado en el Periódico Oficial, ampliaciones presupuestarias autorizadas por el Ejecutivo Estatal y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Para el presente año, el presupuesto presentado por el H. Congreso fue de un total de mil 660 millones 935 mil 410 pesos que integra el presupuesto de gasto corriente y de capital estatal, más el monto del CES-FASP, lo que da un aumento real de 151 millones 36 mil 823 pesos”.
Explicó que, aunque en apariencia es más recurso, lo que se autorizó se etiquetó en algunos temas no tan necesarios y, en otros rubros se quitó recursos, por lo que no será suficiente.
Por ejemplo, dentro del aumento, las y los diputados, etiquetaron cinco millones de pesos para la adquisición de elementos de gestión menstrual suficientes para las mujeres privadas de su libertad, sin embargo, solo se utilizan 370 mil pesos al año, por lo que sobran cuatro millones 630 mil pesos que podrán utilizarse en otros temas.
También, dijo, en el apartado de gastos de operación, “están cubiertas las necesidades indispensables, pero al ser un recurso etiquetado no se cuenta con recursos para atender eventualidades como motines (gastos hospitalarios, material de curación, insumos), operativos especiales, contingencias (fallas en plantas de emergencia, plantas de tratamiento; descargas eléctricas), así como gastos no programados por incidentes sociales (marchas, manifestaciones, toma de casetas, entre otros).
Con el recurso limitado que se autorizó para este año no se cuenta con el monto necesario para continuar con las plazas ocupadas al cierre del ejercicio fiscal 2022, tampoco se podrá continuar con el incremento salarial, la creación de 50 plazas de custodio acreditable, plazas congeladas por ajuste ni el complemento del presupuesto para la creación de 83 plazas de policías.
Con lo anterior, Morelos seguirá siendo de las policías peor pagadas de todo el país y continuará arrastrando el déficit de policías.
Ortiz Guarneros presentó a los diputados un análisis del presupuesto con la finalidad de que se entregue una ampliación presupuestal que les permite continuar con el combate a la inseguridad.
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