Gracias a un tratado internacional que entró en vigor a principios de año por un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, la madre de Emilio Lozoya ya no estará sujeta a la prisión domiciliaria y podrá salir a la calle, aunque con brazalete electrónico y con vigilancia policial permanente.
Un juez federal quitó esta madrugada el resguardo domiciliario a Gilda Margarita Austin y Solís, pero le reiteró como medidas cautelares la entrega de su pasaporte, la prohibición de salir de la Ciudad de México y del País, así como las condiciones referidas en un principio, las cuales no fueron del agrado de la acusada.
En una audiencia de casi 11 horas, Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, expuso que el cambio de medida cautelar en esencia lo fundamenta en un decreto publicado a principios de año por el Presidente López Obrador.
Se trata de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo decreto fue publicado por el Primer Mandatario en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de enero.
Este tratado, que obliga a garantizar el derecho de los adultos mayores a una vida plena, independiente y libre de violencia, nunca fue mencionado en los debates ni por la defensa ni por los abogados de la madre de Lozoya a lo largo de la diligencia.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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