Estados Unidos quiere a toda costa a Rafael Caro Quintero.
Para asegurar su entrega, el Departamento de Estado presentó en marzo pasado a México la petición formal de extradición contra el capo para juzgarlo por 19 cargos en cuatro distintas Cortes y no sólo por el Caso Camarena, el único expediente por el que había solicitado su detención provisional.
Entre los delitos por los que pretende llevarlo ante la justicia, están dos cargos por homicidio y dos por secuestro, incluido el caso del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, hallado muerto el 5 de marzo de 1985.
El narcotraficante fue capturado por la Marina el pasado 15 de julio en Choix, Sinaloa, con base en la orden de detención provisional con fines de extradición girada en 2013 por el crimen de Camarena.
Ese mandamiento judicial derivó de una acusación originalmente presentada el 13 de mayo de 1987 ante la Corte Federal para el Distrito Central de California y actualizada en 1992 con una orden de captura por 8 cargos criminales.
Incluye asociación delictuosa por cometer delitos violentos con el fin de asistir a la delincuencia organizada y otro para secuestrar a un agente federal; uno por secuestro y otro por homicidio grave de un agente federal.
Lo usual en este tipo de procesos es que, cuando el presunto delincuente es capturado, en los siguientes 60 días el país requirente debe presentar a la justicia mexicana la petición formal de extradición y el expediente completo del caso por el que fue ordenada la detención provisional.
La sorpresa en este asunto es que la Embajada de Estados Unidos no sólo formalizó su pedido de extradición por el caso de California, sino también por acusaciones de otras tres Cortes y por las que no hizo el trámite de solicitar la detención provisional con fines de extradición ante jueces mexicanos.
Los estadounidenses también hicieron la petición formal de extradición por el caso presentado el 26 de julio de 2018 ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, por cuatro cargos criminales, un expediente por el que fue extraditado el mes pasado Ismael Quintero Arellanes, alias «El Fierro», sobrino de Caro Quintero.
Según documentos judiciales, también solicitaron la entrega del capo para juzgarlo en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, por un caso que fue presentado al Gran Jurado desde el 17 de diciembre de 2020 y por el que se ordenó su aprehensión por tres cargos.
El cuarto asunto por el que Estados Unidos pidió extraditar a Caro Quintero fue por una orden de captura girada apenas el 19 de julio de 2022 por la Corte de Distrito 332 del Condado de Hidalgo, Texas, en donde también se le imputan cuatro cargos criminales.
Caro Quintero no es el primer caso en el que se pide formalmente la extradición por acusaciones que no fueron parte de la solicitud de detención provisional presentada por Estados Unidos.
El antecedente más inmediato es el de Ovidio Guzmán López, «El Ratón», hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Ovidio fue detenido el pasado 5 de enero en Culiacán con una orden de detención provisional basada en una aprehensión de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, por únicamente dos cargos de narcotráfico.
Cuando Estados Unidos formalizó la petición de extradición, a principios de marzo, ya no lo hizo por esa acusación -que fue reemplazada- sino por dos órdenes de captura giradas por las Cortes Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York, por 11 cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Esta forma peculiar de formalizar los pedidos de extradición no se había observado en sexenios anteriores y parece ser propia de las presentes administraciones federales de México y Estados Unidos.
La opinión jurídica de los jueces no es vinculante ni define las extradiciones. Serán los tribunales de alzada los que digan la última palabra sobre esta forma en que se empiezan a tramitar los juicios de extradición.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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