La Fiscalía General de la República (FGR) indaga a 23 ex funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por presuntamente ocasionar un daño patrimonial de más de 15 millones de dólares en la administración y rescisión del contrato a Consorcio Isolux por la Línea de Transmisión Huasteca-Monterrey.
La afectación que reclama la CFE corresponde a la omisión de cobrar una indemnización al proveedor por el incumplimiento del contrato y pagos injustificados por trabajos adicionales, suministros no entregados y servicios de deuda.
«En la ejecución y administración del contrato, se determinó que los pagos realizados durante el finiquito no fueron debidamente soportados conforme a las condiciones establecidas en el contrato y el proceso de rescisión fue inoportuno y con deficiencias que repercuten en posibles daños al patrimonio de la CFE por un importe de 15 millones 929 mil 61 dólares», acusa en la denuncia Víctor Hugo Rodríguez Ramos, apoderado legal de la CFE.
El 3 de diciembre de 2014, durante la gestión de Enrique Ochoa, la CFE adjudicó al consorcio español el contrato por 126 millones 829 mil 736 dólares, con un plazo de ejecución de 504 días, con inicio el 3 de diciembre de 2014 y conclusión el 19 de abril de 2016.
Para este proyecto, Consorcio Isolux se conformó por lsolux de México, lsolux Ingeniería y Grupo lsolux Corsán.
Debía construir en Nuevo León y Tamaulipas 3 líneas de transmisión con voltaje de 400 kilovoltios y una longitud total de 441.8 kilómetros, así como 2 subestaciones con voltajes de 400 kilovoltios, con 195.3 Megavoltamperios reactivos (MVAr) y 3 alimentadores de potencia.
La CFE a cargo de Manuel Bartlett denunció ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) que a principios de 2016 la contratista abandonó la primera obra y, en octubre del mismo año, dejó en su totalidad el proyecto, con un avance del 44 por ciento.
Acusó que, en lugar de iniciar una rescisión administrativa, el 16 de diciembre de ese año la CFE formalizó de manera «improcedente» un convenio de terminación forzosa por 410 días. La rescisión de todas formas ocurrió más tarde.
«El procedimiento de rescisión administrativa del contrato fue iniciado el 27 de febrero de 2018, es decir, 495 días posteriores al 20 de octubre de 2016, fecha en la que el contratista abandonó la totalidad de las obras», denuncia la Comisión.
«La CFE, en lugar de llevar a cabo el proceso de rescisión administrativa del con trato, habiendo transcurrido 57 días del abandono total de las obras y 312 días del abandono de la primera obra, el 16 de diciembre de 2016 formalizó con el contratista, de manera improcedente, el Convenio Número Seis de cumplimiento forzoso, con el cual se reprogramaron los eventos de ‘Fecha Programada de Aceptación Provisional’ respectivos a cada una de las obras».
Para la CFE, no sólo fue inoportuno iniciar la rescisión un año y cuatro meses después de abandonada la obra, sino también contrario a la Ley Obra Pública y Servicios, que señala que no son modificables en monto o en plazo los convenios a precio alzado.
Un aspecto que recrimina la denunciante es que los funcionarios responsables de licitar este proyecto omitieron solicitar a los participantes la acreditación de su capacidad financiera.
En septiembre de 2018, Isolux de México se declaró en concurso mercantil y una jueza resolvió que estaba en insolvencia; apenas el 24 de enero pasado concluyó el procedimiento concursal con un convenio con los acreedores.
La denuncia ante la FGR se basa en una visita de inspección a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), para verificar el contrato PIF-024/2014 a Isolux. Quitan obligación a los contratistas
De acuerdo con la querella de la CFE, desde el 27 de marzo de 2014 -nueve meses antes del contrato cuestionado- el Subcomité de Pidiregas en Materia de Obra Pública Financiada de la CFE (SPMOPF) anuló el requisito de acreditar la capacidad financiera a los participantes en los procesos de contratación.