Ese cuerpo colegiado, por ocho votos a favor y tres en contra, avaló que la denominada Guardia Nacional deje de estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por ser inconstitucional, y regrese a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, como fue la idea original para su fundación. Falta ahora ver la reacción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien este mismo martes reiteró su odio hacia los ministros de la Corte que no aceptan someterse a sus designios, como sí lo están Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar. Los tres están perfilados a ser enviados a la ignominia de nuestro país. Pobres.
Es indudable que AMLO volverá a arremeter este miércoles, en su programa matutino, contra los valientes ministros de la SCJN. Utilizará toda la fuera del estado mexicano para agredir a esos funcionarios del Poder Judicial de la Federación y colocarlos en la mira de los más recalcitrantes fanáticos de la Cuarta Transformación. Así lo hace a diario contra quienes no forman parte de su movimiento. Cualquiera sabe que, o se está a favor del presidente, o en contra. No hay puntos medios.
Con respecto a la famosa Guardia Nacional, la cual sustituyó a la extinta Policía Federal, es importante subrayar que no ha resultado ser la panacea para resolver los problemas de inseguridad en las comunidades mexicanas, sobre todo aquellas gobernadas por el crimen organizado.
A pesar de estar diseminados en el país miles de elementos de la corporación, la realidad es que su participación en operativos de seguridad pública sirven para maldita la cosa, amén de que han sido muchas las veces en que la Guardia Nacional fue acusada de quebrantar garantías constitucionales. Ni siquiera formando parte de la Secretaría de la Defensa Nacional ha servido para cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos que le dieron origen. Es una agrupación de pura simulación. De nada han servido los miles de millones de pesos destinados a la Guardia Nacional, pues la inseguridad sigue azotando a gran parte de la sociedad mexicana.
En octubre de 2019 se escuchó en Morelos la voz del almirante José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), solicitando (a quien fuere) un incremento sustancial al presupuesto de la dependencia, que ese año había sido de mil 200 millones de pesos. Es importante recordar que para el año siguiente de 2020 no le fue incrementado un peso. No consiguió subsanar el altísimo déficit de policías, que actualmente supera la escandalosa cifra de ocho mil elementos.
El 11 de octubre de 2019 la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exigió en el Senado de la República el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, bajo la tutela de los gobernadores y alcaldes, sobre todo en estados conflictivos. Y agregó: “De lo contrario, no habrá Guardia Nacional que alcance para atender la demanda social de seguridad”.
Aquí debo recordar lo que el 25 de septiembre de 2019 declaró el a la sazón secretario de Seguridad Pública y Ciudadana Federal (hoy gobernador de Sonora), Alfonso Durazo Montaño, en el sentido de que la Guardia Nacional sería solo un complemento dominante, pero sin sustituir la responsabilidad de las instancias estatales y municipales. Exigió, sobre todo a los ediles, no eludir la obligación de brindar seguridad en sus demarcaciones. Agregó que la llegada del nuevo cuerpo de seguridad no es “para echarle bolita”, pues su función sería la de reforzar los esfuerzos estatales y municipales para garantizar la seguridad.
Los gobiernos estatales y cientos de ayuntamientos mexicanos se equivocaron al no ubicar a la Guardia Nacional en su exacta dimensión. Lo peor es que muchos funcionarios de esos dos niveles de gobierno no han despertado del sueño y siguen cifrando en la Guardia Nacional las expectativas locales en materia de seguridad.
Fuera máscaras: los esforzados guardias nacionales rara vez llevan a cabo patrullajes. Y cuando se presenta un hecho de violencia, siempre llegan tarde, solo a cuidar perímetros de seguridad mientras los peritos ministeriales cumplen su responsabilidad forense. Muchas veces se dedican a cuidar vialidades y que no se acerquen los periodistas a tomar fotos y conseguir datos respecto a ciertos hechos. O de plano los de la GN solo sirven para estorbar. No hay, por ende, trabajo de inteligencia.
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