Con el llamado de diputados de Morena a votarla en contra, por considerar que implementa un esquema de cobranza delegada, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones que le permiten al ISSSTE solicitar de manera unilateral el descuento de hasta el 30 por ciento del salario de los trabajadores del Estado para el pago de sus créditos hipotecarios.
La reforma a la Ley del ISSSTE fue aprobada en lo general y en lo particular con 322 votos a favor y 144 en contra en medio de un debate en el que diputados de Morena se manifestaron en contra y advirtieron que ésta afectará no sólo a los trabajadores que ya tiene un crédito hipotecario, sino a aquellos que están por contratar uno.
Las modificaciones señalan que los derechohabientes podrán optar por contratar o reestructurar sus créditos en pesos o en UMA, que los créditos se liquidarán en un plazo máximo de 30 años, siempre y cuando no existan adeudos o se haya reestructurado la hipoteca y agrega que cuando existan errores de cálculo en las obligaciones de pago y éstos no sean atribuibles al trabajador, no se le cobrarán intereses, cargos o adeudos extraordinarios.
Permite considerar el salario base más las compensaciones para el cálculo de los créditos y el pago de los mismos y plantea que para el caso de trabajadores y pensionados, el ISSSTE podrá solicitar el descuento de hasta el 30 por ciento, mientras que cuando el crédito se origine como pensionado, el descuento será del 20 por ciento.
En ambos casos, bastará con que el Instituto lo solicite para que las instituciones realicen la deducción.
La morenista Susana Prieto aseguró que la reforma significará un esquema de cobranza delegada, aunque su bancada y sus aliados se nieguen a admitirlo.
Prieto lamentó que los créditos sigan quedando a 30 años, a pesar de que organismos internacionales han señalado que esos plazos son violatorios de los derechos humanos, porque condenan a los trabajadores a invertir la mitad de su vida en el pago de una vivienda que, además, no es la adecuada.
La abogada laboral dijo que lo más le preocupa de la reforma son los intereses que deberán pagar los trabajadores.
Explicó que actualmente la ley topa la tasa de intereses en 9 por ciento, pero la nueva redacción dice que ésta deberá ser menor al promedio cobrado por la banca comercial para créditos hipotecarios, lo que convierte al Fovissste en una institución crediticia.
«Respetuosamente, compañeros, yo pido al Senado de la República que analice de manera integral estas iniciativas y que vote en contra», demandó Prieto.
El morenista Alejandro Carvajal llamó a sus pares a analizar con más responsabilidad y profundidad la propuesta y a hacer un mejor dictamen a partir del análisis financiero del Fovissste a fin de generar soluciones reales.
Consideró que el dictamen no establece criterios claros para solucionar casos en donde los créditos fueron pagados dos veces o más y deja en las «manos discrecionales del Fovisste» la solución de la problemática.
Carvajal solicitó al Senado de la República hacer una revisión más profunda de la reforma que le fue enviada.
En su turno, la presidenta de la Comisión de Vivienda, la petista Lilia Aguilar, dijo que el dictamen es resultado de la gestión que han hecho con el Fovisste, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Hacienda, la Presidencia de la República y otras dependencias que trabajaron para presentar un buen dictamen y «el que ha sido posible».
La diputada rechazó que la reforma implemente un esquema de cobranza delegada y acusó que ese discurso es producto del desconocimiento o de un acto de perversidad para querer detener el dictamen.
«Se ha dicho que este dictamen tiene la cobranza delegada; no es tal, no hay cobranza delegada, porque sólo autoriza la ley de los trabajadores del Estado que los descuentos y las aportaciones que puedan hacer los trabajadores, se pueda hacer a través de lo que en contrato firme el trabajador», sostuvo.
Los diputados avalaron dos reservas presentadas por Morena: la primera para eliminar la posibilidad de que el Instituto ordene el descuento de adeudos que los trabajadores tengan con la banca comercial y otra para señalar que cuando los trabajadores hayan pagado dos veces su crédito o lo hayan hecho por un lapso de 30 años, éste podrá cancelarse, pero a partir del estudio de las finanzas del Instituto.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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