El Gobierno de Sinaloa aseguró que la Federación busca imponer un arancel al maíz que empresas importan desde Sudáfrica o Estados Unidos.
En conferencia de prensa, el Mandatario Rubén Rocha Moya (Morena) expuso que la Presidencia busca condicionar el mercado del maíz blanco a empresas con esta imposición de un arancel que suba el precio de la importación del grano.
La política arancelaria fue una orden que dio el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, como parte de una serie de negociaciones de productores en México y gobiernos estatales.
En una última reunión acudieron los gobernadores de Sonora y Sinaloa, quienes sostuvieron una necesidad de poder colocar el maíz a un precio garantía de 6 mil 965 pesos.
«Se cierra la frontera para maíz transgénico. La idea es que no entre maíz blanco. Si los grandes compradores importan de Sudáfrica o de donde quieran hacerlo, que les cueste 4 mil pesos porque quieren sacarle la vuelta al precio de México, les vas a imponer arancel de 4 mil pesos, de tal manera que serían 8 mil por cada tonelada que quieran importar», expresó el Gobernador Rocha Moya, al recordar las palabras del Presidente a la secretaria de Economía.
Empresas como Minsa, Maseca y Cargil compran maíz mexicano, pero también basan su producción de masa y harina con maíz importado de otros países como Sudáfrica y Estados Unidos.
La orden a la secretaria se dio en medio de las negociaciones y como parte de una estrategia para evitar movilizaciones de productores, quienes han anunciado la toma de instalaciones de Pemex en distintos estados.
Una de las opciones de los gobernadores fue que el gobierno federal compre la cosecha completa de maíz y trigo en el País, cuyo costo sería de 30 mil millones de pesos, pero el presidente López Obrador les aclaró que no quiere crear una estatización del mercado.
«No quiero tomar esa medida porque no estamos en la idea de estatización de las cosas, pero ellos (los industriales) que si tenemos un precio de garantía impuesto, pues ese es por el cual deben caminar».
Sin embargo, se prevé que el excedente de las cosechas se comprarán por el Gobierno federal como estrategia de reserva alimentaria.
Rocha Moya dijo que la mayor premisa del gobierno federal es asegurar la comercialización de la cosecha a los pequeños productores, es decir, quienes sembraron desde una hasta 10 hectáreas.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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