PERSPECTIVA
Por Marcos Pineda
Lunes 22 de mayo de 2023
El primer acto de ejercicio autoritario del poder público, luego del segundo y más amplio decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual califica a las obras de su gobierno como de “seguridad nacional y utilidad pública”, y del que no mencionó ni una sola palabra durante la mañanera del pasado viernes, fue la ocupación, con el uso de la Marina Armada, de los 117 kilómetros de vía férrea concesionados a Ferrosur, del Empresario Germán Larrea.
Todo el proceso fue cuidadosamente calculado. Desde la parte legal hasta la argumentación para sostener que el gobierno lo está haciendo en beneficio del pueblo y que quienes critiquen o señalen, comenzando por la Corte y los empresarios, lo hacen porque están en contra de la transformación y a favor de las oligarquías, cuya pretensión es regresar al viejo régimen de corrupción y privilegios.
Primero, esperar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando la invalidez constitucional del primer “decretazo” que estuvo vigente desde el año 2021, resolución de la que sabían detalles y alcances por sus tres ministros aliados.
Segundo, de inmediato publicar en el Diario Oficial de la Federación el “segundo decretazo”, con muchos mayores alcances que el anterior, aunque a sabiendas de que es, igualmente, inconstitucional y que probablemente correrá la misma suerte que el primero, pero les da tiempo para seguir operando en la opacidad y con la manga a todo lo ancho, tratando de lograr que antes de la declaración de la invalidez ya hayan ganado las elecciones del 2024 y reformado la Constitución a su modo.
Tercero, en la madrugada del día siguiente, el pasado viernes, como cuando se utiliza el factor sorpresa en una guerra, ocupar fuerzas armadas en tres tramos de vías férreas que serán parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, basándose en lo que establece el nuevo decretazo, que las incluye como de “seguridad nacional”.
El cuarto paso, consistió en las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, durante su gira por Durango, negando que se trate de una expropiación, afirmando que es una ocupación (armada) temporal y reconociendo que hubo conversaciones con los representantes de la empresa filial del Grupo México, pero no hubo acuerdos y, finalmente, que con base en el decretazo el gobierno está en su derecho de hacerlo de ese modo, es decir, ocupando marinos armados.
La quinta etapa está prevista para el día de hoy. Es la ideológica y doctrinaria, a cargo del propio presidente de la República para convalidar todo el proceso anterior, fustigar de nuevo a sus adversarios, atacar a los medios de comunicación, ensalzar al pueblo que respalda sus decisiones, por autoritarias que sean, estigmatizar a todo aquel que haga uso de su libertad de pensamiento y expresión para analizar el caso racionalmente y, finalmente, acorralar así al grupo empresarial, para obligarlo a aceptar la propuesta de acuerdo que surja de Palacio Nacional.
Los enceguecidos defensores y seguidores a ultranza de López Obrador, no se darán cuenta de que, si bien pudo ser mañosa y temporalmente legal la acción de la ocupación armada, es también un acto autoritario, una demostración de que, si no se hace lo que el presidente ordene, para eso tiene a su disposición a las fuerzas armadas del país.
Si ordena o no el retiro de las tropas y convoca al diálogo entre las partes, ya es lo de menos. La demostración de fuerza ya está hecha, siendo, a la vez, una advertencia para quienes no acepten las condiciones del gobierno federal, en un futuro que ya no es nada lejano. La cuarta transformación mostró de nuevo su verdadera cara: el autoritarismo, disfrazado de lucha por el bienestar del pueblo.
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