A comienzos de 1998 el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea se perfilaba hacia juicio político en el Congreso de Morelos por incumplimiento de funciones públicas y omisión en el ataque a la delincuencia organizada, pero debido a las presiones ejercidas desde Los Pinos por Ernesto Zedillo se separó de la titularidad del Poder Ejecutivo en mayo del mismo año.
El 20 de abril de 2004 ingresó al Congreso local una solicitud de juicio político en contra de Sergio Estrada Cajigal por omisiones en seguridad pública y protección al crimen organizado, siendo separado del cargo por el mismo cuerpo colegiado en octubre del mismo año, pero una resolución de la SCJN (controversia constitucional mediante) lo apuntaló hasta la conclusión de su sexenio. SECR tuvo el absoluto respaldo de Vicente Fox para evitar su caída.
El 22 de febrero de 2011 ingresó al Congreso local una solicitud de juicio político en contra de Marco Adame Castillo, también por omisiones en seguridad pública y presunta protección al crimen organizado, pero el tema fue desechado gracias a la intervención del gobierno federal (Felipe Calderón Hinojosa) a través del entonces secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, meses antes de morir en un accidente aéreo.
El 19 de noviembre de 2015 se presentó una solicitud de juicio político en contra de Graco Ramírez bajo acusaciones de malversación a un crédito de 2 mil 806 millones de pesos autorizado a finales de 2013 por el propio Congreso, pero el tema fue desechado provocando la ira de los opositores al régimen, entre quienes figuraban hombres y mujeres resentidos con el titular del Ejecutivo porque, simple y sencillamente, no fueron incluidos en ninguna área del gobierno, ni les concedieron las canonjías a que estaban acostumbrados.
Varios de aquellos personajes estuvieron incrustados en el gobierno a cargo de Cuauhtémoc Blanco Bravo, entre quienes destacó Gerardo Becerra, quien fuera dizque titular de la Comisión Contra la Corrupción, donde sirvió para maldita la cosa y resultó ser un traidor a quien el mandatario le otorgó toda su confianza. Becerra salió del gobierno -así lo explicó algún día el gobernador- porque exigía 30 mil pesos adicionales de viáticos, además de su sueldo de alrededor de 70 mil pesitos mensuales, amén de que anhelaba el cargo de Pablo Héctor Ojeda, entonces secretario de Gobierno. Por eso y porque además era bastante “corre, ve y dile” (chismoso, pues) y filtraba información privilegiada, Cuauhtémoc Blanco lo corrió. Asimismo, es necesario recordar que gracias a CBB, Marisol Becerra de la Fuente, hija de Gerardo, tuvo empleo en el gobierno municipal 2015-2018 y fue impulsada para ser síndico municipal en la administración 2019-2021.
Recientemente una nueva agrupación de abogados, que se suma a las alrededor de mil existentes en Morelos, presentó en el Congreso solicitud de juicio político contra Cuauhtémoc Blanco por supuesta omisión en el tema de la seguridad pública. Esto parece una calca de los juicios políticos manejados en el Congreso local en diferentes épocas. Por cierto, uno de los abogados más protagónicos, al que los jefes del Congreso le han dado cuerda, presuntamente forma parte de una familia de Filo de Caballo, Guerrero, zona conocida por la siembra de amapola para producir heroína. Al buen entendedor, pocas palabras. Honestos, honestos, honestos, lo que se dice honestos, los abogados no lo son. Tienen cola.
Hemos visto la película muchas veces y solo los comunicadores novatos se van con la finta, aunque en el ínterin hay diputados locales oportunistas y protagónicos, cuyo principal objetivo ha sido, hasta ahora, ganar reflectores, propaganda gratuita y raja preelectoral.
En diferentes épocas he escrito sobre “la moda de los juicios políticos”, que ha funcionado, como lo indiqué en el párrafo anterior, para que los enanos del tapanco saquen raja política y hasta recursos económicos.
En su momento, Gerardo Becerra Chávez de Ita, eterno opositor al gobierno de Graco Ramírez, proyectó, junto con otros actores políticos, la imagen de ingobernabilidad en Morelos, a fin captar la atención del gobierno federal. De variadas maneras también pretendieron conseguir en el Senado de la República la desaparición de poderes. El 31 de julio de 2016 así lo exigió el entonces rector universitario Alejandro Vera (hoy prófugo de la justicia), unido al obispo de Cuernavaca Ramón Castro. Durante un buen tiempo en el sexenio de Graco, los tres personajes encabezaron el “movimiento rebelde”.
Desde luego, si los 15 diputados locales opositores al gobernador Cuauhtémoc Blanco deciden incoar el mentado juicio, por ser la mayoría que se requiere, buscarán a toda costa sentar al titular del Poder Ejecutivo en el banquillo de los acusados. Sin embargo, provocarán el caos que ya vivimos en tiempos anteriores. En nada ha beneficiado esa inestabilidad política.
Es importante recordar que entre esos 15 diputados hay algunos emanados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del cual el mandatario es aliado. Mucho ha cacareado Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en días recientes, que ese instituto político tiene 23 gobiernos estatales, siendo el de Morelos uno de ellos. Es decir, Cuauhtémoc Blanco Bravo es aliado del presidente López Obrador y tendrá como responsabilidad apuntalar en esta entidad el futuro proselitismo de la candidata o el candidato de Morena a la presidencia de la República, amén de que deberá hacer lo mismo con los aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados, en tiempos en que López Obrador aspira desde ahora a lograr la mayoría en el Congreso de la Unión en los comicios del 2 de junio de 2024. Ni qué decir respecto a las elecciones de Morelos.
Los diputados morenistas antagonistas de Blanco en el Congreso tienen motivos para reflexionar sobre el juego perverso que le están haciendo al panalista Agustín Alonso Mendoza, al panista Francisco Erick Sánchez Zavala y al traidor Julio César Solís Serrano, cuyas amistades son “pesadas”. El buen entendedor no requiere más explicaciones. Todo se sabe en Morelos.
Hasta ahora, ninguno de los elementos esenciales de la gobernabilidad se encuentra alterado. No hay inestabilidad política y social. El tema de la seguridad pública, de suyo bastante complicado, no está desatendido por el gobierno estatal y quienes pueden dar prueba de ello ante los grillos del Congreso son los representantes del gobierno federal que a diario participan en la Mesa Estatal por la Paz y la Seguridad en las instalaciones de la 24a. Zona Militar. Me parece, pues, que la famosísima omisión no se da. Y las estupideces vertidas por Julio César Solís Serrano este martes en tribuna se quedarán en eso: en simples estupideces.
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