La Presidencia de la República afirmó que las acciones de inteligencia, como las que realiza la Sedena, están enfocadas a atender amenazas y garantizar la seguridad y no para conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos.
En un comunicado, recalcó que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y de inteligencia, sólo si lo autoriza un juez, pueden intervenir comunicaciones privadas con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia.
Luego del hackeo a la Sedena por parte del grupo Guacamaya, manifestó que los documentos obtenidos son apócrifos porque no son oficiales, ni están firmados por autoridades competentes. Sin embargo, aclaró “han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”.
Enfatizó que con las acciones de inteligencia se combate a la delincuencia organizada y los grupos del narcotráfico, además de que en este gobierno se han detenido a mil 393 personas, de las cuales 27 son personajes relevantes por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país Ovidio Guzmán, entre otros.
Recalcó que las instituciones pueden intervenir comunicaciones privadas con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia
En el comunicado, la Presidencia subraya que “las acciones de inteligencia están orientadas a conocer con profundidad aspectos relacionados con amenazas y riesgos a la seguridad nacional, su probabilidad de ocurrencia e impacto, las variables que los componen y su relación causal”.
Al detallar que el marco legal para las acciones de inteligencia, señaló que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la Ley de Seguridad Nacional, establece que se puede reservar información, hasta por cinco años, que comprometa la seguridad nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que detrás del grupo de hackers Guacamaya, que filtró documentos clasificados de Sedena, están agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador en su contra como el empresario Claudio X. González.
Indicó que ese grupo mostró documentos donde se informa su estado de salud, “que estoy malo del corazón, hipertenso, que tomo un cóctel de pastillas y todo eso”. Afirmó que el hackeo es ilegal.
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