En un intento por evitar una multa de 97.9 millones de pesos por el desvío de recursos públicos del Gobierno de Chihuahua al PRI, en el 2015, el tricolor argumentó que las «supuestas pruebas» fueron producto de la tortura a su secretario de Finanzas.
Sin embargo, el Consejo General afirmó que las pruebas eran contundentes para afirmar que durante el sexenio del Gobernador César Duarte, preso por actos de corrupción, sí hubo una triangulación ilegal por 39 millones 166 mil 666 pesos para beneficiar al tricolor.
Por ello, por 9 votos a favor y dos en contra, se le aplicó la multa de casi 100 millones.
La Unidad de Fiscalización, con documentos certificados de la Fiscalía General de Chihuahua, afirma que la entonces Dirección de Recursos Humanos de Chihuahua depositó en una cuenta de Bancomer, destinada para «compensaciones salariales», 14 cheques por cantidades que iban de los 5 millones hasta 7 millones durante el 2015.
Los recursos se canalizaban a otra cuenta del «Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V», que lo cambiaba en efectivo, y era entregado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda estatal al tesorero, Joaquín Francisco Hernández Vega.
Éste se los dio directamente al secretario de Finanzas del PRI en Chihuahua, Pedro Mauli Romero Chávez, en 12 mensualidades de 3 millones y una entrega especial de 3.1 millones, e incluso, el priista le firmó recibos.
El funcionario tricolor aceptó haber recibido el dinero, que, argumentó, fue canalizado a 65 comités municipales del PRI en Chihuahua, para la liquidación de gastos ordinarios de la dirigencia estatal, apoyos a deportistas que acudían a eventos nacionales e internacionales el partido o para la renta de inmuebles.
El representante del PRI, diputado Hiram Hernández, aseguró que las declaraciones del secretario de Finanzas fueron resultado de la tortura a la que lo sometió el ex Fiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González, quien estuvo preso y sigue su proceso en libertad por presuntos actos de tortura en el caso de corrupción de Duarte.
Por ello exigía que se devolviera el expediente a la Unidad, para tomar en cuenta ese hecho, y dictaminar antes de noviembre, que el caso podría prescribir.
«Hubo tortura y la persona que torturó reconoce que torturó al secretario de Finanzas, en el proyecto no tienen pruebas de que ese dinero haya entrado a las arcas del PRI, mucho menos del PRI nacional», dijo Hiram Hernández, representantes del PRI ante el INE.
«No estoy pidiendo que no se nos multe sino que se investigue a profundidad».
Incluso, le exigía al consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, que demostrara en ese momento las pruebas.
El consejero respondió que éstas estaban en el expediente y no eran parte del «show», y cuestionó que el PRI jamás presentó como un argumento la tortura, además de que nunca consultó el expediente, aunque tenía derecho.
Aseguró que había declaraciones no sólo de Romero Chávez, también de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, del Servicio Pan Americano y las pruebas certificadas por parte de la Fiscalía, incluso estudios de grafoscopía.
«No se trata de meras especulaciones es una cadena de hechos privados y concatenados», afirmó Rivera.
Cinco consejeros más tundieron a los priistas, principalmente por el cuestionamiento de que ni siquiera sabían exactamente dónde estaba el dinero.
«El PRI lo recibió en efectivo, sería absurdo que el Tesorero lo depositara en cuentas si lo que quería es no dejar rastro», afirmó.
Aseguraron que con indicios como éste dictaminaron casos como Pemexgate, Amigos de Fox y diezmos de Texcoco.
CON INFORMACIÓN DE REFORMA.
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