La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, acordó con familiares de los 10 mineros atrapados una indemnización de una cantidad no revelada a cambio de la suspensión de los trabajos de rescate en la mina del Pinabete, la cual desde el pasado 3 de agosto se inundó al topar los trabajadores con un río subterráneo.
Sin embargo, por un lado, algunos de los familiares no están de acuerdo con la decisión, ya que su tradición dicta visitar a sus difuntos en el panteón y en la capilla local. Los cuerpos de los mineros, en cambio, permanecerán en la mina donde trabajaban al momento del accidente.
Por otro lado, el resto de la prensa ha dado poca mención a la empresa, la cual, según la organización Familia Pasta de Conchos, habría recurrido a un testaferro para evitar dar la cara.
Como ya hemos explicado desde este diario, la mina no se encontraba en condiciones para operar, pero a la patronal no le importó y envió a 15 trabajadores a arriesgar su vida por extraer carbón. Es necesario que se investigue quiénes son los responsables de este desastre minero, ya que esta actividad es de alto riesgo ya ha costado miles de vidas.
Aclarar los hechos no será una iniciativa que venga de este gobierno cuyos funcionarios permiten la precarización laboral en el conjunto de la clase trabajadora. Precarización que derivó en una mina sin condiciones de operar que le arrebató la vida a 10 trabajadores. Solamente la movilización independiente de los familiares, junto con los trabajadores, mujeres y jóvenes, sin confianza en las instituciones que perpetúan estas condiciones laborales de miseria, es que podremos conseguir justicia por nuestros compañeros fallecidos.
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