Los llamados «polleros», como se les conoce coloquialmente a los traficantes de personas, cobran a los migrantes más de 80 mil pesos por cruzarlos hacia Estados Unidos, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
La cuota por persona ronda los 82 mil pesos cuando se trata de migrantes provenientes de Centroamérica, pero se eleva a casi a 90 mil pesos si el migrante es de nacionalidad mexicana.
Al citar el estudio «Caracterización de los flujos financieros asociados al tráfico ilícito de personas migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica» (2020), la Unidad identificó una serie de variables que influyen en el cobro a los migrantes.
«Las personas que declararon no haber sufrido riesgos en el cruce pagaron más que las que manifestaron haberlos sufrido (las primeras pagaron 4 mil 760 dólares y las segundas 4 mil 587 dólares)», describe.
La tarifa, por ejemplo, se reduce cuando los viajeros cuentan con familiares en Estados Unidos o si contratan a polleros, sin tomar en cuenta los riesgos en el cruce.
«Esto podría deberse a que las personas prefieran pagar un coyote más caro, asumiendo que es garantía de un cruce más seguro y podría ser consecuencia de que los coyotes que cobran más lo hacen porque tienen la capacidad de gestionar un tránsito y, eventualmente, lograr un cruce más seguro, debido a sus relaciones con el crimen organizado o con algunas autoridades coludidas».
El coordinador del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Unidad, Miguel Ángel Aguilar Dorado, informó que la publicación estima que siete de cada 10 personas de Centroamérica que cruzaron la frontera con ayuda de un presunto traficante pagaron en promedio 4 mil 599 dólares.
Por otro lado, señaló que cinco de cada de 10 personas mexicanas que cruzaron bajo el mismo esquema pagaron en promedio 4 mil 599 dólares.
El coordinador del CEM reportó que, de enero de 2016 a febrero de este 2023, se han registrado 5 mil 743 denuncias sobre delitos perpetrados en contra de personas migrantes en situación irregular en México.
En un comunicado, refirió que el tráfico de personas es el segundo delito más denunciado, con un total de mil 861 casos, de los cuales, 33 por ciento fueron presentados por mujeres y 66 por ciento por hombres.
Reveló que, de acuerdo con la distribución por edad, 3 de cada 10 denuncias de tráfico ilícito corresponden a niñas, niños y adolescentes.
«La estadística oficial en la materia, así como las encuestas sobre migración en las fronteras, permiten hacer estimaciones sobre los flujos financieros asociados al tráfico ilícito de personas migrantes, las cantidades aproximadas, tipos de pago, y perfiles sociodemográficos de quienes contratan a los traficantes», dijo.
«Se requiere fortalecer las alianzas en todos los órdenes de Gobierno, así como incorporar a los organismos internacionales y la sociedad civil, sin embargo, el primer contacto se encuentra con las autoridades locales y son quienes tienen la posibilidad de identificar perfiles vulnerables, ofrecer atención especializada y diferenciada que necesitan las personas migrantes sujetas a este ilícito».
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), el tema fue abordado durante la ‘Capacitación y mesa de trabajo para el desarrollo de ruta de protección de personas sujetas de tráfico ilícito de migrantes y la estrategia nacional en la materia en Tamaulipas’.
«El encuentro fue realizado con el objetivo de recopilar información para construir una ruta local de quienes están sujetas a este ilícito, así como un mapeo de las instituciones a nivel local que intervienen en la atención y protección de las y los migrantes», agregó.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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