CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 19 de mayo de 2023
La delincuencia organizada es, ante todo, un negocio con implicaciones políticas; es una estructura de poder con cuatro formas básicas: el Estado, parte del Estado, las empresas trasnacionales y la subversión, esta última entendida como aquello que se propone o es capaz de trastornar y hasta destruir el orden institucional.
¿Espeluznante y repugnante? Claro que sí, pero no me explico de otra forma la preservación del campo fértil, como sucede en incontables territorios del país, donde anidan los criminales sin ser molestados. Varias entidades federativas situadas en el Bajío y el Norte de México son un claro ejemplo. Ahí existen los gobiernos paralelos a cargo del crimen organizado, encima de las instituciones públicas.
¿De dónde más emana la delincuencia organizada?
Chequen ustedes lo siguiente:
1.- No puede haber contrabando a gran escala, verbigracia los grandes cargamentos de armas, sino a la sombra de la Dirección General de Aduanas.
2.- No puede haber narcotráfico, sino a la sombra de corporaciones federales, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales y municipales.
3.- No puede haber giros negros, sino a la sombra de las autoridades municipales. En esto, Cuernavaca es un vivo ejemplo.
4.- No podrían proliferar los delitos de alto impacto (secuestro y extorsión), así como los atracos a mano armada, sino a la sombra de agentes policíacos municipales.
5.- No podría haber “huachicoleros”, es decir quienes se dedican a la extracción ilegal y venta de hidrocarburos, sin la colusión de funcionarios adscritos a Petróleos Mexicanos.
Como las comunitarias y las económicas, las consecuencias políticas de la actividad que despliegan las organizaciones criminales, especialmente las más poderosas, se distribuyen en varias dimensiones. Por lo pronto, conviene advertir que la existencia de un problema de crimen organizado en un país obliga a destinar gran cantidad de recursos (económicos, técnicos, materiales y humanos) y esfuerzos a hacer frente a su amenaza, recursos y esfuerzos que podrían destinarse a otros ámbitos de la actuación política de máxima necesidad y que pueden elevar sensiblemente la deuda estatal.
El efecto político más extendido es la pérdida de eficiencia en el funcionamiento de instituciones públicas, generalmente como consecuencia de la corrupción promovida a distintos niveles y en diferentes áreas para favorecer intereses privados. Esas prácticas corruptas y las complementarias acciones intimidatorias dirigidas contra empleados gubernamentales suelen ir orientadas a promover la distribución parcial de los recursos, quebrando así el principio de equidad en la implementación de políticas públicas. Una forma alternativa de generar efectos semejantes, aunque más graves, tiene lugar cuando una organización criminal logra extender su influencia hasta las altas esferas políticas, lo que le permite condicionar el ejercicio del poder legislativo y ejecutivo, que afecta la promulgación de leyes o a la toma de decisiones gubernamentales.
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