Guillermo Cinta Flores
El hecho de que ahora tengamos un gobierno emanado de un partido distinto al PRD es muestra fehaciente de que Morelos sufre grandes transformaciones.
Es la tercera alternancia en el poder desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue sacado de la gubernatura tras las históricas elecciones del año 2000.
Allá y entonces llegó Acción Nacional al poder y repitió en 2006.
El segundo cambio, bastante radical, sucedió en 2012 con la llegada del PRD y Graco Ramírez Garrido Abreu.
Y en 2018 aconteció el advenimiento del Partido Encuentro Social (PES), con Cuauhtémoc Blanco Bravo como nuevo titular del Poder Ejecutivo, aunque esto se consiguió gracias a la coalición “Juntos Haremos Historia”; fueron los votos captados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) los que realmente encumbraron a “Cuauh”, aunque éste no lo reconoce así.
Sin embargo, todo lo antes escrito no es suficiente. En todo caso, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco constituye la oportunidad de establecer nuevas reglas del juego y mejores maneras de relacionarnos.
La llegada de Blanco a la titularidad del Poder Ejecutivo (aunque el ex seleccionado nacional apenas arribó a Morelos en enero de 2015) entraña cambios fundamentales para la política local, más allá del trastrocamiento de la lógica del “viejo sistema”, e implica la creación de un nuevo marco para la actividad política y gubernamental. Dicen “Cuauh” y sus panegiristas con respecto a la nueva administración: “Es un gobierno ciudadano”, lo cual no es así.
LA NATURALEZA DE LOS CAMBIOS
El cambio es una de las características de nuestro tiempo. Pero el ritmo del cambio y su naturaleza específica son muy distintos a lo largo y ancho del mundo. El cambio ha resultado traumático para determinados sectores morelenses.
En los últimos lustros, Morelos ha experimentado cambios dramáticos, muchos de ellos originados internamente, pero otros propiciados desde el gobierno federal. Todo esto ha creado un ambiente de profunda incertidumbre.
La incertidumbre es uno de los productos que de manera inevitable acompañan al cambio en cualquier lugar en que éste ocurra. La incertidumbre todavía se encuentra latente después de la llegada de Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura.
Antes de continuar con este análisis es importante señalar, aunque sea en forma breve, la profunda diferencia entre la incertidumbre que experimenta un mexicano y la que enfrenta un europeo o un norteamericano. La incertidumbre que aqueja a los mexicanos es distinta en naturaleza a la que enfrentan los habitantes de países democráticos y desarrollados. Para esas personas, lo que cambia son las condiciones en las que llevan a cabo sus actividades, pero no el marco de referencia que establece las reglas básicas de su interacción social y de su relación con la autoridad. Cuentan con un marco de referencia que permanece esencialmente intacto.
“Dicho marco de referencia se refiere al Estado de derecho, a la protección que las leyes confieren, a la certeza de que existen mecanismos judiciales perfectamente establecidos para dirimir controversias y hacer cumplir los contratos. Además, esas personas cuentan con seguridad pública y la tranquilidad de saber que su sobrevivencia no está de por medio. Lamentablemente, eso mismo no le ocurre a un mexicano. Para muchos mexicanos, los cambios económicos de los últimos años han sido inmisericordes. Estos han ocurrido no sólo de una manera estrepitosa y devastadora -lo que se ha traducido en desempleo, pobreza y ausencia total de mecanismos de protección familiar-, sino en total ausencia de un marco de referencia confiable. En lugar de ese marco de referencia, lo que ha caracterizado al país en estos años es precisamente lo contrario: inseguridad pública, jurídica y patrimonial” (Luis Rubio, investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Económico, CIDE).
Son éstos los temas que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco deberá atender, pues de ellos depende, mucho más que de cualquier otra cosa, el éxito de su gobierno y, en buena medida, el futuro de su administración.
Todavía no vemos en acción a los grupos de presión de Morelos, aunque es importante recordar la endeble posición de la mayoría, entre ellos los partidos políticos, menguados por el avasallamiento de Morena. ¿Habrá presiones a mediano plazo? No tengo la menor duda, teniendo como base la capacidad financiera de quienes se ubiquen en la estructuración de los movimientos.
Llegado el momento volveremos a ver la acción de grupos demandantes, comportándose de la manera menos razonable posible. Morelos aún está plagado de estas circunstancias: burócratas, maestros disidentes y en conflicto; los vividores del gasto público, políticos corruptos, transportistas implicados, junto con funcionarios anteriores, en hechos de corrupción, etc. Todos consideran que el Poder Ejecutivo les debe la vida y, por lo tanto, que los demás se deben ajustar a su sistema parasitario.
Es el Morelos que, de alguna u otra forma, conducirá y enfrentará Cuauhtémoc Blanco.
Los gobiernos anteriores condicionaron a la población a actuar de esa manera. La esfera pública se ha caracterizado por una red de intereses que vivieron de explotar los poderes discrecionales con que cuenta el gobierno y la burocracia, de la indefinición permanente en prácticamente todos los rubros y, en suma, de las reglas «no escritas».
Cada acción, comentario y decisión que tome el nuevo gobernador se juzgará bajo esos criterios.
En las próximas semanas, el nuevo gobierno tendrá oportunidades de manifestarse sobre diferentes temas y asuntos.
Cada grupo de presión e interés buscará oportunidades para violar el orden legal.
Tenderán trampas para que el gobierno negocie la ley o se muestre dispuesto a modificar las normas vigentes. Esto es algo que ocurría con facilidad, tanto por costumbre, como por el hecho de que las normas y leyes están diseñadas para que no exista alternativa.
Blanco Bravo tiene la oportunidad de modificar el esquema y debe comenzar por apegarse a la ley cerrando los márgenes de acción arbitraria del gobierno.
Esto es difícil de implementar, pues todo el sistema legal está diseñado para hacer posible la arbitrariedad.
El gobernador no puede (y no debe) dedicarse a cambiar todo el marco legal vigente. Pero si el gobierno se propone NO negociar las leyes vigentes y sin pretender decidir cada resultado, la administración estatal saldrá ganando. Sostener ese nivel de disciplina va a ser complicado y agotador, pero cuando se logre, la población se adecuará a las nuevas reglas del juego.
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