Las comisiones del Senado avalaron ayer el llamado «Plan B» electoral, que compacta estructuras del Instituto Nacional Electoral (INE) y desaparece juntas ejecutivas estatales y distritales, provocando el despido de personal del organismo.
La polémica cláusula de «vida eterna» a los partidos políticos, a través de la cual PT y PVEM buscaban una transferencia de votos para garantizar su presencia en el sistema, fue eliminada.
No obstante, legisladores de Oposición advirtieron que se dejó viva para posteriores discusiones.
La Mesa Directiva dará primera lectura hoy a las legislaciones que se encontraban pendientes de aprobación y mañana lo votaría el pleno para posteriormente turnarlo al Ejecutivo para su publicación.
Con 11 votos en favor y cinco en contra, la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen; la de Estudios Legislativos Segunda, con nueve en favor y cinco en contra.
Los legisladores convalidaron un dictamen que aceptaba violaciones al procedimiento legislativo, puesto que la Cámara de Diputados y el Senado ya habían eliminado la polémica cláusula de «vida eterna» a los partidos mediante la transferencia de votos.
A propuesta de la morenista Imelda Castro, se introdujo un cambio en la redacción para que expresamente quedara consignado en el dictamen la palabra «sin» la cláusula de «vida eterna».
Las senadoras Mónica Fernández Balboa y Rocío Abreu dejaron de manifiesto que no estaban de acuerdo con la cláusula.
«Ya no hay nada que le podamos mover. Lo único que falta es que se publique.
Para nosotros es algo positivo que se publique», planteó el panista Damián Zepeda.
En todo caso, dijo, se debería «matar la cláusula. Estamos dejando viva esa cláusula, sé que es poco popular eliminar esa cláusula».
Por el Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza advirtió que el «Plan B» conlleva un fraude a la Constitución.
El morenista César Cravioto afirmó que la oposición pretendía «descarrilar este proceso de reformas electorales». Alistan pelea en la Corte
Una vez que el Senado consume la aprobación del llamado Plan B electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la constitucionalidad de las normas aprobadas.
Líderes partidistas, asociaciones de ciudadanos, senadores y gobiernos de Oposición, así como el Instituto Nacional Electoral, han anunciado que presentarán ante la Corte controversias constitucionales contra la reforma electoral.
Para invalidar la reforma, en la Suprema Corte se requiere el voto de 8 de los 11 Ministros.
Actualmente en el máximo tribunal del País existen ministras vinculadas al Gobierno de la Cuarta Transformación, como Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Pese a que fueron propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Juan Luis González Alcántara han marcado distancia de los preceptos impulsados por la Administración federal.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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