Una juez federal desechó un amparo con el que Emilio Lozoya pretendía que los testimonios y videos de los interrogatorios a 8 ex directivos de Odebrecht fueran anulados para su eventual juicio por los presuntos sobornos que habría recibido de la constructora brasileña.
Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, desechó la demanda de garantías presentada por el ex director de Pemex contra la admisión de dichos elementos probatorios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).
«El amparo fue desechado, pero impugnamos y creemos que lo vamos a ganar; siendo así, se desvanece una buena cantidad de material probatorio proveniente de Brasil», dijo Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Lozoya.
En la demanda de garantías, Lozoya demandó la inconstitucionalidad del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mútua entre México y Brasil por tres razones distintas.
Una, porque el documento no fue firmado por el titular del Poder Ejecutivo, sino por el Procurador General de la República, violando el artículo 89, fracción X, de la Constitución; dos, porque el Tratado viola el principio de «Juez Natural»; y tres, por transgredir los principios del Sistema Procesal Acusatorio.
Como dicho Tratado es el instrumento bajo el que Brasil entregó la información solicitada por la FGR, en diversas solicitudes de asistencia jurídica, de invalidarse el acuerdo internacional también quedarían sin valor legal las evidencias que ese país aportó para la investigación contra Lozoya por el caso Odebrecht.
Las pruebas que Lozoya busca anular son los citatorios y declaraciones que eventualmente rendirán en el juicio Marcelo Bahía Odebrecht, ex presidente de la firma brasileña; Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de la filial en México; Luis Antonio Mameri, ex vicepresidente para América Latina y Angola; e Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva, ex jefes del Departamento de Operaciones Estructuradas.
También, los de Fernando Miglaccio Da Silva, ex jefes del Departamento de Operaciones Estructuradas; Olivio Rodrigues Junior «Gigolino», operador financiero de dicho departamento; y Antonio Suárez Solís, apoderado en México; y Luis Eduardo Da Rocha Soares, operador financiero del Departamento de Operaciones.
Adicionalmente, el ex director de Pemex busca con este amparo que también sean cancelados para el juicio los videos y transcripciones de los interrogatorios practicados en Brasil a 7 de los 8 ex directivos mencionados.
El pasado 10 de marzo, durante el desarrollo de la audiencia intermedia del caso Odebrecht, Gerardo Alarcón López, Juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aprobó la inclusión de estas pruebas en el eventual juicio de Lozoya.
En esa misma audiencia, el juzgador echó abajo pruebas clave de la FGR para el juicio, pues determinó que era ilegal toda la información financiera que entregó Brasil y Suiza a México para acreditar los supuestos sobornos de Odebrecht a Lozoya, al estimar que son informes que no fueron obtenidos con orden judicial.
Con el desechamiento de este amparo, será un tribunal colegiado el que determine en definitiva si dicha demanda deberá o no ser admitida y tramitada por la Juez Robledo Magaña.
En el caso Odebrecht, la FGR pidió condenar a Lozoya a una pena de 46 años con 6 meses de prisión y el pago de una reparación del daño de y millones 336 mil 351 dólares.
CON INFORMACIÓN REFORMA.
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