El Congreso también designó a Rafael Brito Miranda como magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
El abogado fungía como procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y defendió al Poder Ejecutivo tras los señalamientos de presunta tortura a menores del Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) denunciados por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos.
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