CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 11 de mayo de 2023
En anteriores columnas he comentado que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, está denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el mal manejo de la pandemia de Covid-19. Se trata de una denuncia, presentada en la FGR en 2021, por las acciones, omisiones y negligencia en la atención y el manejo de la crisis sanitaria, lo cual teóricamente le correspondió al citado personaje quien, por cierto, también se enfermó del nuevo coronavirus.
He escrito, además, que López-Gatell Ramírez, amén de los delitos que le pueda (y quiera) configurar la FGR, cometió delitos de lesa humanidad.
El 11 de febrero de 2020, López-Gatell aseguró que la Covid-19 era una enfermedad respiratoria “de baja gravedad, incluso más leve que la influenza”; además, dijo, la proporción de muertes sería semejante o menor a las causadas por la influenza. Hoy que la pandemia ha dejado de ser, gracias a un decreto presidencial, emergencia sanitaria en México, alrededor de 650 mil muertes causadas por la Covid-19, colocan al susodicho personaje en su exacta dimensión de simulación, corrupción y todo lo que se acumule.
Desde el comienzo de la terrible pesadilla, López-Gatell se negó a seguir el ejemplo de otras naciones, mismas que fueron capaces de evitar la alta mortandad de pacientes Covid-19 padecida por México. No solo se negó a recomendar la utilización obligatoria de cubrebocas, sino que nunca volteó a ver las experiencias de otros países, entre ellos Japón, en materia de confinamiento.
Es así como llegamos a este miércoles 10 de mayo de 2023, cuando trascendió que un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República que continúe con la investigación iniciada en contra del médico Hugo López-Gatell Ramírez, quien fue denunciado, en otro expediente, por su presunta falta de deber, de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de su función pública, durante la pandemia de Covid-19, situación que provocó la muerte del ciudadano Felipe Del Carmen Jiménez Pérez.
Arturo Medel Casquera, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur (CDMX), revocó la determinación del Ministerio Público Federal, el cual había decidido no ejercer acción penal contra el funcionario.
Transcribo una parte de la resolución judicial:
“Es por ello que este juzgador revoca el decreto del no ejercicio de la acción penal del 22 de marzo de 2023. La fiscalía tiene que seguir con sus actos de investigación (…) He mencionado algunos aspectos únicamente de manera enunciativa, más no limitativa. La Fiscalía es la que tiene en su poder ese cúmulo de acciones que se han implementado; y de ese cúmulo de acciones, puede consultar con expertos qué otra acción pudo haber sido eficaz o se dejó de hacer por parte del gobierno mexicano y de sus funcionarios como en el caso del subsecretario correspondiente”, señaló el juzgador durante una audiencia celebrada el pasado 2 de mayo. La resolución fue dada a conocer por el abogado Javier Coello Trejo, por lo que la FGR deberá seguir con la investigación para que desahogue más datos de prueba e indague a fondo estos sucesos.
En la denuncia presentada el 25 de noviembre de 2020, se menciona que Felipe Del Carmen Jiménez Pérez falleció víctima de Covid-19 por la negligencia de diversas autoridades.
El asunto se turnó al agente del Ministerio Público Federal, titular de la célula I-IV del equipo de investigación y litigación de la Delegación de la FGR en la Ciudad de México, pero un mes después emitió un acuerdo donde mencionaba que se abstenía de seguir con la indagatoria. El acuerdo fue impugnado ante un juez de control, pero confirmó la resolución ministerial. Esto provocó que la familia promoviera un amparo, pero en primera instancia se les negó la protección de la justicia. En la revisión, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió el amparo, motivo por el cual se tuvo que llevar a cabo una nueva audiencia, donde se dio la orden de iniciar la investigación.
Lo anterior representa el primer golpe formal de las autoridades judiciales federales (aún por encima de los más encumbrados funcionarios de la Fiscalía) en contra del médico López-Gatell Ramírez, a cuya puerta están tocando las almas de varios cientos de mexicanos fallecidos por sus omisiones y negligencia.
Más atrás indiqué que López-Gatell y otros posibles coacusados también deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad, entendiendo a éstos como actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistematizado contra una población civil. Dentro de esos actos se encuentran el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de una población; la tortura, violación o todo delito sexual; la desaparición forzada, el apartheid y otros actos de carácter similar que causen gran sufrimiento o atenten gravemente contra la integridad física y mental de la población o segmento perseguido.
¿Creen ustedes que haber permitido de manera deliberada el agravamiento de la crisis causada por la pandemia en México, debe ser castigado? ¿Más de 600 mil muertos a causa del virus, son suficientes para proceder penalmente en contra de los responsables del manejo de la pandemia?
Por cierto, las más encumbradas autoridades sanitarias de este país, a pesar de haberse decretado el fin de la emergencia por Covid-19, siguen sin liberar fármacos de nueva generación, capaces de sacar adelante casos graves del padecimiento. E igual se mantienen en la necedad de impedir la liberación de vacunas, ya probadas y comercializadas en otros países, capaces de enfrentar todas las variantes de Covid-19. En unos meses comenzarán a distribuir la vacuna Patria del Conacyt, que no previene el ataque de esas mutaciones. Es decir, ese biológico llegó tarde. Una omisión más.
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