Pero lo más importante es sin duda haber entregado al control militar, la seguridad pública vía la Guardia Nacional. Esto es la expresión del fracaso de la autoridad civil para poder contener y combatir al crimen organizado tanto a nivel federal, estatal y desde luego municipal. Hoy muchas regiones del país se encuentran dominadas por la delincuencia ante la imposibilidad del Estado de garantizar seguridad y paz a los ciudadanos.
El haber otorgado al Ejército tareas que no le corresponden, lo colocan ante la posibilidad de que sea un rotundo fracaso y se ponga en riesgo la buena percepción que el pueblo de México tiene de sus Fuerzas Armadas; ha sido irresponsable exponerlas al desgaste que están sufriendo en este momento. Los soldados no son albañiles, ni policías, ni empresarios, ni operadores de trenes o aviones comerciales.
Aunado a lo anterior se suman las revelaciones que se han dado a partir del hackeo masivo que sufrieron los sistemas de cómputo e inteligencia de la SEDENA, información y datos de 2016 a 2022 por parte del grupo internacional llamado Guacamayas. Este hackeo ha sido un durísimo golpe al Ejército. Por eso todos días el presidente trata de evadir el tema llamando hipócritas conservadores a todo aquel que pide explicaciones. Lo cierto es que la información que aparece en estos correos clasificada como de inteligencia militar, no necesariamente goza al cien por ciento de certeza y veracidad, también hay errores y suposiciones. Información que revelan casos en los que el Ejército no actuó cuando conoció posibles amenazas que luego se materializaron y se convirtieron en sangrientas realidades.
Las senadoras y senadores señalaron el riesgo de asignar a las Fuerzas Armadas tareas empresariales que no les corresponden, generando una división en el seno de las mismas: los que se benefician de los contratos, negocios y obras, y la tropa que se juega la vida todos los días en el territorio.
Los senadores llamaron a pedir cuentas a las Fuerzas Armadas por labores que son en sí mismas actividades que deben de ser supervisadas y fiscalizadas como lo marcan las leyes respectivas. Cualquier dependencia de los tres niveles de gobierno que contrate a empresas civiles para construir una determinada obra, está sujeta necesariamente a las leyes de fiscalización y está obligada a rendir cuentas. Sin embargo, pedirles cuentas a las Fuerzas Armadas se puede interpretar como algo irrespetuoso, y hasta riesgoso para quien exige transparencia.
El Ejército debe rendir cuentas y hacer lo que constitucionalmente le corresponde, tal y como lo plantearon los senadores y senadoras, necesitamos un Ejército constitucionalista, no presidencialista, que este bajo el mando civil. La política de otorgarle tanto poder económico y político a los militares opera como su propio desgaste.
Las mexicanas y mexicanos mayoritariamente respetamos, confiamos y estamos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, así queremos que siga siendo, esto pasa por dejar esta política que expone a las instituciones castrenses a desgastes innecesarios y peligrosos. Basta de jugar con fuego.