La catedrática universitaria y especialista en derechos humanos, Clara Soto Castor, refiere la necesidad de que frenar esos excesos y abusos cometidos por los legisladores y para ello, el titular del Poder Ejecutivo estatal, debería vetar esta reforma legislativa.
Estas reformas, dijo, podrían llevar a que los magistrados abandonen sus labores (al jubilarse de forma vitalicia), además de generar una carga financiera insostenible para el Poder Judicial, perjudicando tanto a los trabajadores como a la gratuidad de la administración de justicia.
Por tanto, considera que el gobernador debe realizar un estudio profundo y considerar el veto de estos acuerdos, a fin de evitar una situación que dificulte la adopción de los nuevos sistemas, los cuales son un mandato federal.
Soto Castor también destaca el derecho que todas las personas tienen a una jubilación después de dedicar una vida de trabajo, ya sea en instituciones privadas o públicas, sin embargo, menciona que los costos y las posibilidades financieras han llevado a los gobiernos federales, desde la década de los 90, a realizar reformas en el sistema pensionario, principalmente para reducir las pensiones exorbitantes que algunos funcionarios públicos podrían recibir, ya que resultan impagables para los gobiernos estatales.
En el caso particular del Tribunal Superior de Justicia, dijo, se avecinan retos significativos debido a la implementación de la reforma en materia de Justicia cotidiana, la cual busca establecer el sistema de Procedimientos y Familiares. Esto requerirá la apertura de Salas y
la implementación de sistemas tecnológicos avanzados, así como una capacitación adecuada, que hoy en día no se tiene.
De igual manera, Soto Castor resalta que los recursos asignados a las instituciones públicas deben destinarse a mejorar los servicios, garantizar la productividad y tratar a los trabajadores de manera justa. No se justifica, en ningún caso, el gasto en vehículos nuevos y choferes, por tanto, considera necesario revisar los servicios como las prestaciones laborales para asegurar que se beneficie a los jubilados dentro de límites prudentes, legales y justos.
De ahí la necesidad de que haya una revisión exhaustiva del haber de retiro aprobado por los diputados, con el fin de garantizar la justicia laboral, la viabilidad financiera y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia en el Estado de Morelos.
MORENA ACTUARÁ EN MUNICIPIOS
Desde los municipios, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscará detener la reforma constitucional que ha impulsado el grupo de 15 legisladores (G-15) para establecer el retiro voluntario de los magistrados y así tener el control del Poder Judicial, aseguró el coordinador de la bancada Arturo Pérez Flores.
El legislador local reprobó las recientes reformas que la mayoría de diputados aprobó para garantizar el haber de retiro vitalicio a favor de los magistrados y advirtió de las repercusiones presupuestales que esa medida tendrá para el estado, que de por sí enfrenta complicaciones para el pago de pensiones de los trabajadores del gobierno estatal en retiro.
Ahora, dijo, está en puerta la reforma constitucional para establecer el retiro voluntario de los magistrados, a fin de que el G-15 se haga de más magistraturas en el Poder Judicial.
En este sentido, dijo que la dirigencia estatal de Morena buscará a los alcaldes para que como Constituyente Permanente eviten que la reforma constitucional avance y se emita la declaratoria, una vez que el Pleno del Congreso la apruebe, lo que podría suceder la próxima semana.
“Es claro que el G-15 quiere tener el control de todo, no sólo en el Poder Judicial. La dirigencia estatal estaría haciendo un llamamiento a los alcaldes que han adoptado nuestros principios como partido”, afirmó el diputado local.
Con información de La Unión de Morelos y El Regional del Sur