Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró este viernes que el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y sus presuntos cómplices, prácticamente duplicaron sus ingresos durante el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
Desde Palacio Nacional, el funcionario detalló que las empresas vinculadas a la presunta trama de corrupción recibieron 225 millones de dólares durante el Gobierno del entonces panista Felipe Calderón.
Sin embargo, los cobros alcanzaron los 438 millones de dólares en la Administración de Peña Nieto.
Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF mostró un listado con las operaciones realizadas por García Luna y otros personajes que también forman parte de las indagatorias.
«Del 1 al 5 fueron operaciones hechas durante el periodo del Gobierno de Felipe Calderón por total de 225 millones de dólares.
«Y la segunda parte, en el periodo de Gobierno de Peña Nieto, fueron 420 millones de dólares y 315 millones de pesos», detalló.
Gómez puso énfasis en un pago de 26 millones de pesos, realizado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a la empresa Glac Security, propiedad de García Luna y su esposa.
La entrega se habría realizado en octubre de 2017, cuando era Jefe de Gobierno el perredista Miguel Ángel Mancera.
«Glac es propiedad personal de Genaro García Luna y de su esposa, y se hicieron varias actividades dentro de la trama corrupta, pero una que destaca mucho es que fueron y le cobraron a la Procuraduría General de la Ciudad de México más de 26 millones de un supuesto adeudo que tenía con ellos, pero no hay papeles, nunca hubo adeudo, nunca nada y simplemente llegaron y cobraron y se fueron», aseveró.
El Presidente también se refirió a ese caso y advirtió que no existe documentación para comprobar el motivo del pago millonario.
«Llama la atención de que fueron a la Procuraduría, sacan dinero y no se sabe a cambio de qué, no hay ningún papel, nada más fueron a sacar el dinero», refirió.
En este marco, Gómez informó que el Gobierno de México peleará en una Corte de Florida, por la recuperación de casi 646 millones de dólares.
Confirmó que las autoridades estadounidenses aceptaron la participación de la UIF, por lo que el tema será llevado a juicio.
Sostuvo que, pese a los esfuerzos de los abogados de García Luna, la decisión es inapelable.
«El tribunal ya resolvió y queremos decirles que ya no tienen recurso, es definitivo, es inatacable el juicio para la devolución de los recursos de México por parte de estos, esta trama de corrupción se va a llevar a cabo», refirió.
De acuerdo con una tarjeta informativa difundida por Presidencia, el procedimiento reiniciará en etapa de descubrimiento de pruebas, lo que incluirá la presentación de documentos y testimonios a cargo de los demandados, sus cómplices, contadores, abogados y demás personas involucradas.
También se contemplarán las operaciones registradas en varios bancos de Estados Unidos, México y Barbados, para esclarecer los flujos de dinero provenientes de las contrataciones, que se realizaron a través de presuntos actos de corrupción.
De acuerdo con el documento, una vez concluido el descubrimiento probatorio, el juez de la por cerrada, la etapa de preparación y someter al caso a juicio, en el que se buscar a convencer al jurado de las pretensiones del Estado mexicano para que le otorgue la razón y se consiga la recuperación de los activos.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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