El Gobierno estadounidense anunció este viernes que desplegará un equipo de médicos y toxicólogos para realizar pruebas de salud pública en la zona afectada por los vertidos tras el descarrilamiento de un tres en Ohio hace dos semanas.
«El Gobierno está listo para brindar cualquier asistencia federal adicional que los estados puedan necesitar», apuntó en una conversación con la prensa un funcionario de la Casa Blanca.
El equipo apoyará a los responsables federales, estatales y locales que ya están sobre el terreno para evaluar a la salud de las personas que estuvieron expuestas o potencialmente expuestas a sustancias químicas.
La decisión fue tomada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tras una solicitud del gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, y una delegación del Congreso estatal, que pidieron apoyo federal adicional para garantizar la salud pública.
El tren, de unos cincuenta vagones, transportaba material tóxico en once de ellos y descarrilló el pasado 3 de febrero a su paso por East Palestine, un pueblo de menos de 5.000 habitantes a sesenta kilómetros de la ciudad industrial de Pittsburgh y cercano a la frontera de Ohio con Pensilvania.
Aunque East Palestine es pequeño y se encuentra en una zona bastante despoblada, el asunto está siendo utilizado por los republicanos para criticar al Gobierno federal por las consecuencias de lo ocurrido, pese a que la Administración del presidente Joe Biden insiste en que no hay peligro en la zona.
Las fuentes oficiales defendieron este viernes la actuación del Gobierno e insistieron en que la zona es segura y el agua no está contaminada, pese a los temores de los vecinos.
Así, aseguró dicha fuente, a la pocas horas del descarrilamiento del tren de Norfolk Southern, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) desplegó un equipo para apoyar a los trabajadores de emergencia estatales y locales.
Miembros del Departamento de Transporte también llegaron a la escena para investigar qué condujo al descarrilamiento y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se ha estado coordinando de cerca con el centro de operaciones de emergencia local.
Desde que se extinguieron los incendios el 8 de febrero, el monitoreo del aire de la EPA no ha detectado ningún nivel de preocupación para la salud en la comunidad que se atribuya al descarrilamiento del tren.
Tampoco en el agua, ya que la EPA está ayudando a las agencias estatales y locales a analizar las corrientes superficiales y subterráneas para garantizar que el agua potable sea segura.
Varios vecinos presentaron la pasada semana una demanda contra la compañía ferroviaria alegando que se habían visto afectados por los gases que soltaron los vertidos y denunciando también el efecto negativo que el suceso iba a tener sobre los negocios de la zona.
CON INFORMACIÓN DE EFE.
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