La Fiscalía de Perú allanó este lunes las viviendas del exministro de Defensa Walter Ayala, quien ejerció el cargo durante el Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), y de un grupo de generales de la Policía Nacional investigados por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas de seguridad en 2021.
El Ministerio Público informó, en un mensaje publicado en Twitter, que el Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en el 2021″.
Además, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realiza un “megaoperativo contra los generales investigados por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango, en el 2021, con autorización del expresidente Pedro Castillo“.
Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en el 2021 pic.twitter.com/kc5T4ZpvEQ
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 26, 2022
“A través de estas intervenciones, fueron detenidos 6 de los investigados. Las diligencias, que incluyen 26 allanamientos a nivel nacional, están a cargo del fiscal Luis Martínez, con apoyo del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP)”, detalló.
Medios locales informaron que el operativo comenzó a las 04:00 h de este lunes, tras una autorización del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.
La emisora RPP detalló que el operativo comprendió, en total, la intervención de 27 inmuebles en Lima y en las regiones de Cuzco, Tacna y Tumbes, y ha llevado a la detención preliminar de tres generales de la PNP, un mayor retirado, un suboficial y un civil.
Agregó que también se ha comprendido a 8 coroneles, quienes son investigados por presuntamente haber pagado entre 20 mil y 30 mil dólares para lograr sus ascensos a generales.
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Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realiza megaoperativo contra los generales investigados por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango, en el 2021, con autorización del expresidente Pedro Castillo pic.twitter.com/XltaRjM8Xs— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 26, 2022
Exministro exige debido proceso
Tras el allanamiento, Ayala declaró a periodistas que está “presto a que se investigue” el caso, pero consideró que la intervención fiscal ha sido “un show“.
“Esto ha sido innecesario, no han encontrado nada”, sostuvo antes de también cuestionar que se ordenen detenciones preliminares, ya que consideró que se debió citar a los implicados para que declaren.
“Lo que yo dejo constancia es que en el Perú no hay un debido proceso, porque las resoluciones que dictan los jueces no tienen la debida motivación”, agregó antes de decir que, en todo caso, se debió incluir al ministro del Interior de entonces, del que depende la Policía Nacional, y no a él, que fue ministro de Defensa.
Ayala también enfatizó que fue parte del gobierno de Castillo “hasta la quincena de noviembre del año 2021” y aseguró que tras dejar esa función “nunca más” volvió a tener vínculos con el Ejecutivo.
El caso de los supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se conoció en agosto de 2021, cuando los excomandantes generales del Ejército José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro denunciaron que fueron pasados al retiro por no haber accedido a presiones.
Esas presiones fueron presuntamente ejercidas por el entonces secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, por disposición de Castillo y del ministro Ayala.
En octubre pasado, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos que presentó Ayala para que se deje sin efecto la decisión de la Fiscalía de investigarlo por la presunta comisión del delito de organización criminal.
Con información de EFE
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