La actriz Inés Gómez Mont, presunta culpable de malversación de 3 mil millones de pesos, y las investigadoras mexicanas, acusadas de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, entre otros, serán recluidas en el penal femenil federal de Coatlán del Río, al Poniente en Morelos. Esto, en cuanto la Fiscalía General de la República (FGR) vea coronada su intención de ponerlas frente a un juez, para que respondan a las graves acusaciones que les imputa.
La FGR, de Alejandro Gertz Manero, mantiene la búsqueda, a través de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), con la popularmente conocida como ficha roja, en contra de la conductora Gómez Mont (quien junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, es buscada en más de 195 países).
El Ministerio Público federal persigue a la popular mujer y modelo, pues presuntamente, a través de empresas factureras (las cuales estaban bajo el control de ella y de su marido Álvarez Puga) desviaron 3 mil millones de pesos.
El representante social del país busca enviar a Gómez Mont al penal femenil de Morelos. La acusación de aquella desviación monetaria coincidentemente está relacionada con la adquisición de diversos contratos para equipar los penales federales, entre ellos, el de Coatlán del Río en nuestra entidad, donde quedaría interna la famosa fémina en caso de ser atrapada.
La semana pasada se informó que Inés Gómez promovió un nuevo amparo contra la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR), solicitando que no se ejerzan acciones penales en su contra por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Especialistas aseguran que esta acción no detendría la actual orden de aprehensión contra ella que busca ser ejercida en México o cualquier país del planeta, dónde pudiera estar con su pareja.
En tanto, y después de negativas judiciales, la FGR mantiene su insistencia de obtener órdenes de aprehensión contra más de una treintena de investigadores a los que el Conacyt acusa de graves cargos.
Las investigadoras «delincuentes», que son parte de los 31 que pertenecieron al Conacyt, acusados de la comisión de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, mantienen la amenaza de una orden de aprehensión que hasta la fecha y en un par de ocasiones ya ha sido rechazada por el Poder Judicial federal.
La Fiscalía de Gertz Manero solicita la aprehensión de esas 11 mujeres y 20 hombres. Las primeras quedarían recluidas en el penal femenil federal de Coatlán del Río, mientras que los hombres irían al del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El caso de estos hombres y mujeres de estudio y ciencia ha implicado una de las polémicas más grandes en el país entre la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y muchos investigadores (nacionales y extranjeros) y detractores del gobierno federal, quien mantiene la misma línea que la FGR, de considerar culpables a esos imputados, cómo se lee en el expediente FED/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000222/2021, que ya se ha filtrado a medios y que los señala de que: “Crearon, autorizaron y fondearon una empresa privada para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en la compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, acusación ya desestimada por un juez federal”.
Fuente: Héctor Rangel Terrazas/ El Regional del Sur
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