La actual Fiscalía General de la República (FGR) es un instrumento de revanchismo político y de ideologización de la procuración y administración de justicia. Sin embargo, en el contexto donde se inserta Murillo Karam también se ha confirmado la operación del estado mexicano para propiciar la impunidad y encubrir a ciertos personajes, civiles y militares, cuando de por medio está un caso sumamente espinoso, como lo ha sido desde su origen la desaparición forzada y el asesinato de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el funesto 27 de septiembre de 2014.
Los hechos recientes, en que seguramente brotarán los nombres de militares asignados a diversas zonas del estado de Guerrero, presuntamente señalados por omisiones en el caso de los normalistas asesinados, nos motivaron para hacer un viaje retrospectivo al primero de mayo de 2011, cuando el joven (tenía 26 años de edad) Jethro Ramsés Sánchez Santana fue detenido de manera arbitraria, desaparecido forzadamente, torturado y ejecutado extrajudicialmente por elementos de distintas fuerzas de seguridad, incluido el Ejército. En este caso intervinieron militares entonces adscritos al 21 Batallón de Infantería, situado en la avenida Domingo Díez de Cuernavaca.
El caso de Jethro fue particularmente revelador de la brutalidad con la que actúan las fuerzas de seguridad, muchas veces confabuladas con bandas criminales, cuando la orden es aniquilar al enemigo. Jethro fue víctima de la creciente militarización de la seguridad pública.
Al momento de su ejecución extrajudicial, Jethro Ramsés Sánchez Santana apenas estaba floreciendo en la vida, con sus 26 años. Era ingeniero electromecánico, con grado de estudios de maestría que comenzaba a operar una empresa de ingeniería electrónica automotriz. Jethro ya impartía clases en la Universidad Politécnica de Morelos y era reconocido entre sus amigos y colegas.
El primero de mayo de 2011, al terminar de jugar un partido de fútbol, Jethro se dirigió con unos amigos a la Feria Cuernavaca, cuyo escenario fue ese año el Recinto Ferial de Acapantzingo. Dentro del recinto, en el área de comida, se presentó una trifulca, estando involucrados varios amigos de Jethro. Ante ello se presentaron elementos de la Policía Preventiva Municipal de Cuernavaca, quienes aseguraron haber escuchado a uno de los jóvenes decir que “somos de la familia Michoacana”. Eso fue suficiente para entregar a los detenidos, y también a Jethro Ramsés, a policías federales y éstos a su vez hicieron lo mismo a mandos castrenses, dependientes del 21 Batallón de Infantería.
Jethro Ramsés fue objeto de la más brutal violencia por parte de los militares en dicha demarcación castrenses, y al habérseles “pasado la mano”, por las lesiones contusas le provocaron la muerte. Todo aquello sucedió con la venia de altos mandos militares entonces asignados a la 24ª. Zona Militar. Es importante subrayar que, desde siempre, el Ejército ha estado relacionado con cualquier número de desapariciones forzadas y múltiples crímenes de estado, a la manera de lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Jesús Murillo Karam sabe más de lo que nos imaginamos.
El caso de Jethro expuso dos características fundamentales: el manoseo por miembros de élites gubernamentales, entre las cuales destacaron las más altas autoridades de la 24ª. Zona Militar y el 21 Batallón de Infantería; y la ansiada tergiversación de la verdad histórica. Todo se enmarcó dentro de lo que la justicia civil tipifica como privación ilegal de la libertad, encubrimiento por favorecimiento, abuso de autoridad, tortura, homicidio, obstrucción de la justicia y delito de delincuencia organizada. Varios de esos delitos se le endosaron a Murillo Karam, al igual que a varios inculpados en la desaparición forzada y salvaje asesinato de Jethro Ramsés, a quien los militares sepultaron cerca de Atlixco, Puebla. Solo la presión social y mediática, así como la ardua lucha de sus padres, evitó la impunidad en el caso de Jethro.
Fue así como los morelenses vimos sometidos a proceso en la justicia militar a los oficiales Edwin Raziel Aguilar Guerrero, subteniente de Infantería, y José Guadalupe Orizaga y Guerra, teniente de Infantería, ambos otrora enclavados en el 21 Batallón de Infantería. Siempre alegaron que Jethro no fue torturado ni golpeado por ellos, aunque “sí murió al interior de las instalaciones de la base militar”. El expediente sobre el lamentable hecho constó de varios miles de hojas, y ahí existe la forma en que la orden de desaparecer el cuerpo fue emitida por el coronel de Infantería José Guadalupe Arias Agredano, comandante del multicitado Batallón. Al parecer, éste último se sustrajo de la acción de la justicia. Etcétera, etcétera.
Fíjense ustedes en lo siguiente y hagan una analogía con los hechos acaecidos en Guerrero.
Desde el mismo día de la desaparición de Jethro (primero de mayo de 2011), su familia comenzó un angustiante proceso de búsqueda. Los amigos y colegas de Jethro hicieron marchas, se colocaron carteles con su imagen a lo largo y ancho de Cuernavaca y se realizaron trámites judiciales para que las autoridades revelaran qué habían hecho con él. Sus padres acudieron en repetidas ocasiones ante las autoridades de seguridad pública, mismas que siempre negaron haber participado en los hechos. Así transcurrieron más de dos meses en los que se actualizó una hipótesis de desaparición forzada, hasta que la verdad comenzó a salir a la luz. Cualquier semejanza con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa no es mera coincidencia, sino la realidad que no termina de ser erradicada en México.
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