El ataque contra los 43 jóvenes la noche del 26 al 27 de septembre de 2014 ha simbolizado durante años la impunidad de los grupos armados y su connivencia con instituciones públicas. Las pistas presentadas en el Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa apuntan a la organización Guerreros Unidos, pero también a la intervención de las fuerzas de seguridad.
El subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que en este suceso «concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano» y descartó que las víctimas puedan estar vivas.
«Todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos», dijo Encinas en una conferencia de prensa en la que también declaró que, pese a algunos testimonios, los estudiantes no estuvieron juntos tras su desaparición ni se desplazaron al basurero de Cocula.
Encinas dijo que según el informe, militares mexicanos tuvieron parte de la responsabilidad.
«Sus acciones, omisiones o participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas», dijo el subsecretario.
«No se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos» de las secretarías de la Defensa (Sedena) y la Marina destacados en la zona al momento de los hechos, añadió el funcioanrio, quien no detalló si esos agentes siguen activos.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado pic.twitter.com/R8U5mPS7lg
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) August 19, 2022
Encinas aclaró que es necesario seguir investigando hasta dónde llegó la participación de efectivos del Ejército y la Marina en lo que volvió a catalogar como un «crimen de Estado».
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa ve imposible a estas alturas que los jóvenes puedan seguir con vida, si bien Encinas afirmó que su búsqueda «continúa», con el objetivo de tratar de localizar sus cadáveres. Hasta el momento sólo se han identificado restos de tres de los 43 normalistas desaparecidos.
El pasado 29 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que miembros de la Marina estaban bajo investigación por supuestamente haber manipulado pruebas durante las primeras investigaciones, específicamente en el basurero de Cocula.
«Se dio la instrucción de que investigara a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía todos los que participaron», dijo entonces López Obrador, quien creó la comisión para dar un nuevo impulso a las investigaciones.
La desaparición de los 43 normalistas se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.
El caso constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México -que contabiliza unos 100,000 desaparecidos- y generó una fuerte condena internacional.
(Con información de Europa Press y AFP.)
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