CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 30 de mayo de 2023
La Constitución Política de Morelos es clara respecto a los requisitos que deberán satisfacer quienes aspiren a convertirse en nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa. La convocatoria para abrir el proceso electivo deberá ser expedida próximamente por el Congreso local.
No hay una fecha definida, pero sí sabemos que los ínclitos diputados locales decidieron crear un bodrio llamado Órgano Político Calificador, presidido por la marioneta Alejandro Martínez Bermúdez, diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien a su vez encabeza de manera espuria la Junta Política y de Gobierno de dicho órgano colegiado. Sobre la calidad espuria no me ocuparé en esta ocasión, pero sí en lo tocante a la elección de magistrados de los dos tribunales mencionados en el primer párrafo.
Pero antes de continuar debo aclarar lo de “marioneta”, inherente al diputado Alejandro Martínez Bermúdez, de sobra conocido al interior del Congreso por ser un objeto manipulable por los jefes del Poder Legislativo. ¿Quiénes son esos jefazos? Me refiero al panista Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva; al cacique de Yautepec, el diputado de Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez; y al priísta Eliasib Polanco Saldívar, cuyo corazón lo ha llevado a imaginarse como gobernador del estado. Habrá quienes digan: ¿Por qué no agregaste al diputado de Movimiento Ciudadano, Julio Cesar Solís Serrano? No lo hice porque él también es títere, siempre utilizado para madrear a alguien. La triada mencionada es la que maneja a su antojo al pobre diputado Martínez Bermúdez.
El mentado Órgano Político Calificador tendrá como secretario técnico a un tal César Francisco Betancourt López, el que a su vez ya cobra en el Congreso con el cargo de secretario de Servicios Legislativos. Este sujeto, internacionalmente desconocido, será apoyado por otro personaje, Abraham Casillas Valladares, también becado en el Congreso con el puesto de secretario técnico de la Junta Política y de Gobierno. Por tratarse de elementos con una calidad moral superior a la de la Madre Teresa de Calcuta, tendrán la delicada responsabilidad de “dar certeza a un proceso transparente y garantizar, además, que al momento de las designaciones se cumpla con los principios de paridad de género”. En la última elección de magistrados de los dos tribunales (2021) se registraron casi 150 aspirantes. A ver cómo le hacen ahora con las eliminatorias.
Han de saber ustedes que los diputados integrantes del nuevo bodrio del Congreso son Oscar Cano Mondragón, Erika Hernández Gordillo, Verónica Anrubio Kempis, Julio César Solís Serrano, Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, María Paola Cruz Torres y el ya citado Eliasib Polanco Saldívar. Se supone que la alta probidad, honestidad, profesionalismo, amplio conocimiento del derecho y la integridad de estos legisladores serán la garantía para conducir un proceso de designación de magistrados libre de corruptelas e inclinaciones políticas, como ha ocurrido hasta ahora. He visto la misma película durante más de 40 años y no veo la causa por la cual las condiciones hayan cambiado, fundamentalmente porque la actual legislatura está pasando a la historia como una de las más corruptas. En ese ámbito a diario se practica el tráfico de influencias, simple y sencillamente porque sus principales jefes hablan el mismo lenguaje de madriguera. Hay sus honrosas excepciones, es decir la existencia de diputados y diputadas que realmente tienen vocación de servicio y responsabilidad histórica, pero se cuentan con los dedos de una mano.
Desde ahora, a pesar de haber sido creado el bodrio denominado Órgano Político Calificador, podemos asegurar que la designación de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa no escapará de la partidización, hecha mediante acuerdos en lo oscurito, ahí en el bajo mundo del multicitado órgano colegiado. Y mucha relación tendrán quienes, en la calle Leyva del centro citadino, toman las más importantes decisiones en el Poder Judicial de Morelos, muy agradecidos con nuestros ínclitos legisladores locales por haberles ampliado el presupuesto de este año.
Mientras son peras o manzanas analicemos, pues, el contexto sobre el cual teóricamente deberán decidir los diputados morelenses, a sabiendas de que, según nos indica la historia, durante casi tres décadas el Congreso pervirtió la designación de tan importantes funcionarios del Poder Judicial. No creo que hayan cambiado los intereses particulares prevalecientes ahí desde hace muchos años. Ahí es “primero lana, después lana y siempre lana”.
Los artículos 89 y 90 de nuestra Constitución establecen la filosofía sobre la misión de los magistrados, siendo por demás humanística y acorde al marco del derecho; y las características que, hipotéticamente hablando, deben reunir para participar en la administración de justicia. El artículo 90 señala los requisitos que a continuación transcribiré:
Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Haber residido en el Estado durante los últimos 10 años, salvo el caso de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del servicio público.
Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez años, el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello. N
No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la designación.
Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha dedicado a la judicatura.
Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad. P
Pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. C
Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice.
He aquí algo sumamente importante: los nombramientos de los magistrados deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, plenamente acreditados, observando el principio de paridad de género en las designaciones. Además, no podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del Estado o Diputado Local, durante el año previo al día de su designación.
¿Cuál ha sido la realidad del Poder Judicial? Respuesta: la elección de magistrados ha sido partidizada y politizada debido a que las decisiones en torno a su elección corren a cargo del Congreso del Estado, según marca la propia Constitución Política morelense, aunque se trata de un ámbito donde prevalecen los intereses políticos, personales, partidarios y económicos. Ya lo escribí: “Primero lana, después lana y siempre lana”.
Así hemos constatado la degradación de los nombramientos durante las décadas pasadas, haciéndose evidente ahora una profunda crisis en la administración de justicia. Hoy por hoy, el Tribunal Superior de Justicia es una institución sin legitimidad y desprestigiada, donde, desde el Pleno hasta el más modesto juzgado, permean el desorden, la corrupción y los lucrativos negocios por venderse la justicia al mejor postor.
Muchísimos magistrados, por citar un solo factor de descomposición, han sido externos, sin carrera judicial, y se convirtieron en esos importantes funcionarios judiciales gracias a dedazos políticos.
Sin embargo, el Congreso tendrá una nueva oportunidad para cambiar el escenario, escogiendo a los nuevos magistrados REALMENTE PROVENIENTES del Poder Judicial. Hay quienes llevan décadas cumpliendo su misión, por ejemplo, en los juzgados penales, civiles y familiares, pero debido a los procesos electivos desaseados y corruptos no lo han conseguido.
Los ínclitos e impolutos diputados locales tienen la oportunidad de trascender históricamente cumpliendo con la ley. Su obligación es reivindicar la carrera judicial, sin vender ninguna magistratura y apegándose a la transparencia, la objetividad y la integridad. Estaremos atentos y después diremos.
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