Con el voto en contra de PRI, PAN y PRD, Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano aprobaron en fast track una reforma que modifica, a solicitud de empresarios mineros, la iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El proyecto aprobado en lo general con 290 votos a favor -incluido el del priista Eduardo Murat-, 186 en contra y una abstención de la perredista Edna Díaz, cambia de hasta 30 años propuestos por el Ejecutivo federal, hasta 80 años el tiempo de las concesiones mineras y de cinco a 30 años el plazo inicial de las concesiones de agua para este sector.
Contrario a lo que señala la propuesta del Presidente, la aprobada por el Pleno de San Lázaro plantea que el otorgamiento de concesiones podrá incluir dos o más minerales o sustancias y reduce de 10 a 7 por ciento el monto mínimo de la contraprestación a los pueblos y comunidades afectadas por la actividad minera, además de que especifica la base sobre la cual se calculará dicho porcentaje.
Propone que antes de cancelar las concesiones mineras por riesgos en materia ecológica, como planteaba López Obrador, a los titulares de éstas se le den tres meses para emprender acciones y elimina la redacción, según la cual, las concesiones debían negarse ante las pretensiones de concentrar el 30 por ciento del volumen de disponibilidad media anual de la cuenca o acuífero de que se trate uno o más permisos o títulos para uso y aprovechamiento de agua.
La iniciativa suscrita por la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez y el líder de la bancada, Ignacio Mier, se presentó luego de una reunión de éste y otros coordinadores parlamentarios con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López e integrantes de la Cámara Minera en San Lázaro.
El proyecto fue llevado al pleno con dispensa de trámites, en medio de la protesta de diputados de oposición por la premura de Morena, a pesar de que en días pasados, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, había prometido un parlamento abierto amplio.
El diputado del PRI, Ildefonso Guajardo, llamó a los legisladores a reconsiderar las disposiciones que le dan al Servicio Geológico Mexicano (SGM) la condición monopólica de ser el único encargado de la exploración minera.
Indicó que en 2022, el costo de esta actividad fue equivalente a 700 millones de dólares de capital de riesgo privado, mientras que el presupuesto del SGM es de 50 millones de dólares, por lo que sin capacidad ni estructura para poder explorar, no va a haber nuevos proyectos mineros en México.
«Esta iniciativa nos va a llevar a la parálisis de un sector que representa el 10 por ciento del sector manufacturero de México y representa empleo para dos millones y medio de mexicanos», advirtió.
El economista dijo que si bien la propuesta presentada por Morena este jueves tiene avances, la responsabilidad de los legisladores es defender a todos los pequeños y medianos mineros y no sólo a las cuatro grandes mineras de México que producen el 50 por ciento del valor de ese sector.
La también priista Eudrosina Cruz dijo que a pesar de que los diputados pudieron preguntarle a los pueblos indígenas y afromexicanos cómo querían estar en la mesa, nuevamente los ignoraron a pesar de que la reforma afecta sus territorios.
«Les adelanto, como ha sido en esta Legislatura, seguramente vamos a tener un chingo de impugnaciones, nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos va a corregir la plana, porque, nuevamente, estamos ignorando a un sector de la población, que es la de los pueblos indígenas», dijo.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, anunció el voto a favor de su fracción pese a que la propuesta no cumplió con el proceso legislativo tras considerar que el tamaño del atraco es mayúsculo.
«Nada más entre 1998 y 2022, se entregaron 46 mil concesiones que abarcan 58 por ciento del territorio nacional», indicó.
Aseguró que el proyecto tiene muchas cosas positiva; no obstante, lamentó que la oligarquía y el Secretario de Gobernación fuera a San Lázaro a doblar a los diputados de Morena, razón por la cual hicieron modificaciones en materia de agua.
«Si un minero pide una concesión para oro, plata, plomo y en el camino en ese territorio encuentra agua, no es de ella y no tiene por qué quedársela y anexarla a su concesión. Eso venía en la iniciativa y se está retirando de manera unilateral, sin darle la cara a la comunidad y a organizaciones de la sociedad civil», advirtió.
El presidente de la Comisión de Energía, el morenista Manuel Rodríguez, aseguró que a través de la reforma se retomará la rectoría del Estado en los recursos del subsuelo, con el objetivo de combatir los abusos de algunos privados.
Afirmó que ésta busca hacer de la minería una actividad que genere riqueza y que contribuya al desarrollo económico y social, respetando el medio ambiente y los derechos humanos.
Detalló que se elimina el esquema de terreno libre y primer solicitante, el carácter preferente de la actividad minera, el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para la explotación minera y se establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera y de llevar a cabo el reúso del agua y, en su caso, la restauración de dicho recurso.
Agregó que se proponen reformas para que no se otorguen concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas, y se prevé su cancelación en caso de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, y contaminación que ponga en peligro los ecosistemas o la salud pública, además que obliga a informar sobre accidentes o incidentes graves en esta materia.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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