Ahora resulta que el diputado federal de Morena, Ignacio Mier Velazco, presidente (desde el 4 de noviembre pasado) de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, recibió una solicitud de procedencia en contra de Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General de Morelos, por supuesta protección a grupos criminales. Algo de lo anterior escribió el propio Mier Velazco en su cuenta de Twitter, agregando que se turnará el expediente a la Sección Instructora para que proceda conforme a derecho.
Tal declaratoria de procedencia significa, según el artículo 111 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, un acto exclusivo de la Cámara de Diputados para remover la inmunidad procesal, es decir el fuero, de los servidores públicos. Lo anterior, en caso de concretarse, pone al funcionario a disposición de una autoridad judicial, a fin de que lo juzguen por posibles delitos cometidos durante su desempeño. La Cámara solo funge como órgano acusador, emite la declaración de procedencia y elimina el fuero constitucional para turnar el asunto al juez competente. Etcétera.
Como era de esperarse, lo escrito en Twitter por Ignacio Mier Velazco se difundió profusamente en las redes sociales de Morelos, dando por hecho que el fiscal Carmona Gándara será mandado a la goma y enviado a la cárcel. Así de exagerados estuvieron algunos comentarios, propalados por alguien muy distante de la realidad constitucional y de cualquier número de recursos jurídicos de que dispondrá Carmona Gándara, en caso de necesitarlos. No debe olvidarse que es uno de los mejores abogados morelenses, miembro de una prestigiada familia de juristas y académicos. Fue nombrado por el Congreso local el 15 de febrero de 2018 para un periodo de nueve años, mismo que concluirá hasta 2027, si es que las circunstancias no lo impiden.
Carmona Gándara, a través de un comunicado difundido este jueves, respondió ante el tuit de Ignacio Mier Velazco, indicando que “hasta el día de hoy, en la Fiscalía General del Estado no ha sido recibida notificación oficial sobre el inicio de algún procedimiento en contra del titular de la Institución, el cual (ojo con lo siguiente) al encontrarse regido por una serie de principios y formalidades constitucionales y legales, obligaría a que se llevara a cabo mediante notificación personal; no obstante, a la fecha no ha acontecido así”.
Y luego viene algo sobre lo cual he comentado en anteriores columnas, concerniente a la autonomía constitucional de la Fiscalía General la cual, según indica el comunicado, “no está sujeta de forma alguna a cuestiones políticas ni de intereses personales o de grupo, toda vez que a través de la misma es que se garantiza la independencia en el ejercicio de procuración de justicia y con ello, la defensa a los intereses de las víctimas en la entidad”.
“En un Estado de Derecho, donde la gobernabilidad debe ser garantizada, se hace patente el estricto respeto a la ley cuando cualquier señalamiento es debidamente fundado y motivado, estableciendo los mecanismos de respeto a cualquier procedimiento y dando cumplimiento a los preceptos de legalidad y justicia a los que todos los mexicanos están obligados”, añade el documento.
“Por lo que respecta al Fiscal General, éste siempre estará por el derecho a la verdad en la investigación de los hechos que la ley sancione como delitos, sin distinguir entre persona alguna, tal y como se ha demostrado de manera institucional (…) Finalmente, el titular de la Institución, Uriel Carmona Gándara, se reserva cualquier tipo de posicionamiento personal con respecto a lo publicado por el diputado federal (Mier Velazco), reafirmando su respeto por las instituciones democráticas y reiterar que como morelense, su compromiso es y siempre será con las y los morelenses”.
Desde que en 1998 se modificó la Constitución Política local para concederle al Congreso la facultad de elegir al procurador, hoy denominado fiscal general de Morelos, siempre han existido quienes, desde el Congreso, se sienten patrones del titular de la institución del Ministerio Público fundamentado en la autonomía técnica, jurídica y financiera que le otorga dicho marco normativo. Ni los diputados, ni el Ejecutivo son los jefes del fiscal, aunque pudieran tener con él una relación institucional a fin de que la Fiscalía cumpla su función dentro del sistema integral de seguridad pública morelense, acompañada por las autoridades responsables de la prevención de los delitos, de la impartición de justicia y de la readaptación social. Se trata de cuatro pilares fundamentales, entrelazados para actuar en contra de la delincuencia común y organizada.
Esta vez, como en otras, se busca generarle a Carmona Gándara un entorno de conflictividad e inestabilidad, para ver si se fastidia y manda todo a volar.
Desde 1998 todos los procuradores y el ahora fiscal general de Morelos han padecido la politización y partidización de la función del Ministerio Público. No se entiende, ni cree la existencia de la autonomía que la Constitución morelense le otorga. Es real y así lo han confirmado decisiones judiciales federales a favor de la permanencia del fiscal Carmona en su cargo, pésele a quien le pese.
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