CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 25 de enero de 2022
El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, se reunió el fin de semana pasado con Cecil Knigth Heftye, superintendente de la planta CIVAC de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual es de sobra conocida por los cuernavacenses debido a su ubicación en el transitado Paseo Cuauhnáhuac.
Ahí se construyó hace casi seis décadas, cuando en los terrenos aledaños no existían las alrededor de 30 colonias actuales, en su mayoría construidas cerca de esa zona de almacenamiento y sobre el poliducto de la empresa paraestatal, muchas veces combatido por quienes se sienten amenazados ante el peligro de una explosión, causada por múltiples causas, entre ellas la ordeña identificada como “huachicol”, cosa nada ajena en territorio morelense.
Un comunicado oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca establece que Urióstegui y dicho funcionario de Pemex acordaron una agenda de trabajo institucional entre la paraestatal y la comuna cuernavacense que, entre otras cosas, fortalezca (quizás con recursos de Pemex) al H. Cuerpo de Bomberos y el ERUM; y también el “desarrollo urbano sustentable”, a través de sinergias entre el gobierno municipal e instancias federales. No se indica nada al respecto, pero trascendió que ambos funcionarios abordaron el tema de la inseguridad sobre el poliducto de Pemex, dentro de un contexto que siempre ha sido politizado por actores sociales y politiqueros.
Cuando leí el boletín enviado por la Oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento inmediatamente vino a mi memoria el fatal accidente ocurrido el 19 de diciembre de 2010 en San Martín Texmelucan, Puebla, tras la explosión en un poliducto de Pemex ocasionada por una toma de combustible clandestina, con el funesto resultado de tres decenas de muertos e infinidad de heridos.
El tema de la peligrosidad del poliducto de Pemex por debajo de las más de 30 colonias de Cuernavaca, así como la cercanía de la planta de almacenamiento y distribución con esos asentamientos humanos, no es desconocido para José Luis Urióstegui. Siempre se ha sabido el peligro sobre el cual desarrollan sus actividades alrededor de 150 mil familias, cuyas casas se asentaron en un número indeterminado de kilómetros de ductos por donde corren los hidrocarburos de dicha petrolera estatal.
Respecto a eventos que pudieron ser graves tenemos registrado uno ocurrido el primero de febrero de 2006 en la estación Montecristo (cerca de Huitzilac) del poliducto Añil-Cuernavaca de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada a la altura del kilómetro 58 de la carretera federal México-Cuernavaca.
A las 10:25 horas de ese día se registró una fuga de gasolina “Premium”, requiriendo la presencia de equipos especiales de la empresa paraestatal, de la Dirección de Protección Civil del Estado y del H. Cuerpo de Bomberos. Nunca trascendió la cantidad de combustible derramado, pero sí el riesgo de una emergencia ambiental en la zona, con desgracias personales. El escueto boletín emitido por Pemex dijo que la falla se registró en “una válvula del flujo del peine 1, donde el ducto se reduce de 8 a 6 pulgadas de diámetro”. Sin embargo, moradores de zonas aledañas sabían que se trataba de un punto de “ordeña” manipulado por “huachicoleros” de Cuernavaca.
Antes de aquel y otros incidentes acaecidos sobre la trayectoria del poliducto, poco se informó respecto al Atlas de Riesgos del Sistema Nacional de Gasoductos, mismo que abarca aproximadamente 12 mil 68 kilómetros de ductos para gas natural, gas LP y algunos productos petroquímicos.
Ante ello, el Congreso de Morelos emitió el 4 de mayo de 2005 un punto de acuerdo para exhortar a Pemex-Morelos a efectuar, de manera conjunta con la Dirección de Protección Civil del Estado, una inspección y/o supervisión de los ductos u oleoductos que se ubican dentro del territorio morelense, a fin de determinar su estado y corregir las fallas que se detectasen en su caso. Como respuesta, Pemex indicó que sus ductos se encontraban en riesgo debido al crecimiento desordenado de asentamientos cerca o sobre los derechos de vía de la paraestatal y por la falta de control de los gobiernos municipales, estatal y federal, según reveló un análisis de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El 25 de julio de 2005, Pemex solicitó al Congreso Local, al Ejecutivo estatal y al Ayuntamiento de Cuernavaca que, ante el riesgo de posibles explosiones, desalojaran y reubicaran a las familias que construyeron (¿construyen?) sus viviendas sobre las vías de distribución de combustible de la paraestatal que provienen de Ciudad de México y se enlazan a su planta en esta ciudad. En un diagnóstico sobre los riesgos que existen encima de los ductos, Pemex afirmó, allá y entonces, que en los asentamientos irregulares “es mayor la posibilidad de que ocurra una fuga de gasolina o una explosión, debido a que la gente no respeta los señalamientos que marcan el perímetro de seguridad’”. La situación no ha cambiado a estas alturas de 2022. Al contrario: a casi dos décadas de distancia las condiciones se agravaron debido al crecimiento desordenado de la mancha urbana.
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