La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá en breve un proyecto que propone anular la parte central del llamado Plan B de reforma electoral, impulsada por el actual Gobierno y publicada el pasado 2 de marzo.
Se trata de reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, así como una nueva Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo principal efecto era adelgazar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE). Dichas reformas no han sido aplicadas porque el Ministro Javier Laynez las suspendió desde el 24 de marzo.
Ahora, Laynez propone declarar la invalidez de esta segunda parte del llamado «Plan B» en materia electoral pues se estima que, durante la aprobación del Decreto, el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, las cuales son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado, lo que es congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de treinta asuntos y que recoge los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido.
Es previsible que el asunto tendrá la misma mayoría de nueve Ministros que, en mayo pasado, anularon la primera parte de este paquete de reformas.
El proyecto considera que todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera parte de este paquete de reformas también se actualizan en este caso, por la simple razón de que ambos Decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo.
«La Cámara de Diputados jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados y, lo más importante, tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de quinientas disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión (11:04 de la noche) y que se aprobaron en tan sólo cuatro horas», explicó la Corte en un comunicado.
«En el caso que ahora se discutirá se destacan violaciones adicionales graves al proceso legislativo que no habían sido planteadas en el asunto anterior. Por un lado, se acredita que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada cuando ya se discutía en el pleno de la Cámara de Diputados, sin que se diera cuenta de la sustitución ni de las modificaciones a los legisladores. Por otro lado, también se demuestra que las Cámaras modificaron artículos del proyecto de Decreto que ya habían sido aprobados por ellas en sesiones anteriores, cuando el artículo 72, inciso E, de la Constitución Federal prohíbe tajantemente que se revisen los preceptos ya aprobados por ambas Cámara», agregó.
CON INFORMACIÓN DE REFORMA.
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