El hecho se politizó muy rápido, rodaron cabezas empezando por el alcalde José Luis Abarca y su esposa, posteriormente detenidos y hasta la fecha recluidos; también cayó el gobernador Ángel Aguirre.
La autoridad federal y en especial la PGR se hicieron cargo del caso y la investigación, finalmente en enero de 2015 presentaron lo que llamaron la verdad histórica. Como normalmente sucede con las verdades oficiales, se culpa a quien se decide culpar y se encubre a quien no se quiere tocar, me refiero a miembros del ejército y altos mandos militares y civiles también. En ese momento ya se tenían dos problemas, esclarecer los hechos de la noche del 26S y los nuevos delitos producto de la fabricación de la llamada verdad histórica.
Obviamente nadie les creyó, menos aún los padres de los normalistas ya para entonces organizados, dando la batalla por conocer la verdad y sin duda todavía quizá con esperanzas de volver a ver vivos a sus hijos. El caso ya había alcanzado la esfera internacional y con el apoyo de la CIDH, en noviembre del 2014 se crea el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas independientes para coadyuvar técnicamente con las investigaciones.(GIEI)
A partir de entonces, lo dicen las encuestas y los estudios de opinión, el gobierno de Peña Nieto se fue cayendo con una pendiente negativa constante, como una resbaladilla, nunca más volvió a levantar. Esto influyó en el ambiente electoral del 2018, el hartazgo de la gente y las condiciones para el triunfo arrollador de AMLO.
La esperanza de los padres de los normalistas renació con el nuevo gobierno y el compromiso llegar a la verdad. El presidente le encargó el caso al subsecretario de gobernación Alejandro Encinas y se creó la Comisión de la Verdad.
Hace unos días la comisión de Encinas presentó sus resultados, la nueva verdad oficial; al día siguiente detuvieron al ex procurador Murillo Karam y se giraron 83 órdenes de aprehensión, incluyendo a un general del ejército.
Hace unos días la periodista Peniley Ramírez escribió un artículo en donde revela parte del informe de la Comisión, datos desgarradores por su crudeza. Esto preocupó y molestó en las altas esferas de las fuerzas armadas. Acto seguido, se cancelan a petición de la propia FGR, 21 órdenes de aprehensión entre ellas de 16 militares. Como cascada renuncia el fiscal especial Gómez Trejo. (El fiscal venía del GIEI y contaba con el respaldo de los padres de los jóvenes)
Se despertó al tigre; crece nuevamente la indignación, se pruducen actos violentos de parte de normalistas encapuchados afuera del campo militar número uno, vandalizan el palacio de justicia de Iguala y hacen destrozos en la marcha de la ciudad de México, entre muchos otros casos de violencia a lo largo del país.
El gobierno quiere quedar bien con Dios y con el diablo; con los padres, con el movimiento y con el ejército. Se ahondan las contradicciones y se percibe que nuevamente los hechos y la verdad estarán encubiertas por un manto de sospechas y complicidades. Se percibe una colisión de Encinas con el presidente.
Otra vez Ayotzinapa, como en 1968, como el halconazo de 1971, como el caso Colosio, será un parte aguas y un punto de quiebre para este gobierno de la 4T; un gobierno que prometió la verdad y al toparse con ella hizo lo mismo que antes hicieron. Lo grave es que ahora las fuerzas armadas controlan puertos, aeropuertos, tienen jugosos contratos de obra y hasta la seguridad pública.
¡Qué escenario más peligroso para México!