La Fiscalía General de la República informó que ha separado del cargo a dos de sus fiscales, para que sean imputados penalmente por desacatar una orden judicial para verificar el origen lícito de unos diamantes valuados en 235.7 millones de pesos, cuya propiedad se atribuyen al presunto contrabandista turco Apel Çelik.
En un comunicado, la dependencia informó que acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy ordenó consignar a los funcionarios y llevar a cabo las diligencias para cotejar con facturas la legítima propiedad de 4 mil 569 joyas y diamantes aseguradas en 2014 por la FGR en locales de la Riviera Maya.
Los fiscales hoy destituidos y consignados por la Corte son Celia Almaguer Hernández, encargada de la Unidad Especializada de Análisis Financiero (UAEF) y Víctor Manuel Munguía Baltazar.
«En acatamiento inmediato de la determinación del Pleno de la SCJN, y de conformidad con lo que señalan los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, la Fiscalía General de la República ha procedido a separar de su cargo al Agente del Ministerio Público de la Federación, Víctor Manuel «M», y de su superior jerárquico inmediato Celia «A», por haber incumplido, en tiempo y forma, con lo ordenado por un Juez Federal de Amparo, iniciando asimismo la carpeta correspondiente para su consignación (judicialización)», informó la FGR.
«Por lo que toca al incidente de inejecución, esta Institución cumplirá cabalmente con los plazos y diligencias ordenadas que sean necesarias, a través de los Agentes del Ministerio Público que se encargarán de este caso, ya que la FGR cumple y cumplirá con sus obligaciones legales, sancionando a todo aquel servidor público que no lo haga».
Los fiscales ahora destituidos serán imputados ante un juez de control por desacatar la sentencia dictada por la jueza federal María Dolores Núñez Solorio, confirmada el 3 de octubre de 2019 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.
La juez y el colegiado ordenaron a los fiscales llevar a cabo una diligencia para cotejar las piedras preciosas con facturas y los pedimentos de importación, pero los fiscales respondieron que no era posible.
Dicha sentencia fue dictada en un amparo presentado por Érika Avilés Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián Betancourt, apoderados de varias de las joyerías cateadas, cuyo verdadero dueño era Celik, un ex banquero sentenciado en Turquía en la década de los 90 por quiebra fraudulenta.
El 14 de octubre de 2019 la autoridad judicial requirió cumplir con la sentencia, pero en la misma fecha los fiscales decretaron el abandono de las joyas que aún tenía en su poder el hoy denominado Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Esta decisión fue tomada por los funcionarios sin informar al juzgado sino hasta el 27 de noviembre, alegando que por eso ya no podía acatar el amparo.
«El incumplimiento consistió en no haber realizado, en tiempo y forma, por parte del Ministerio Público y de su superior inmediato, todas las diligencias que el Juez les ordenó. Y cuando le hicieron llegar a la autoridad judicial la información respectiva, los plazos ya habían sido incumplidos», dijo la FGR.
Este asunto comenzó mediante una averiguación previa por contrabando en 2014, por la entonces PGR en Cancún, Quintana Roo, en contra de Apel Çelik, presunto contrabandista turco de joyas y diamantes.
Este caso en particular ha sido problemático para la FGR, pues en 2017 la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) extravió una parte de las joyas incautadas, con un valor de 53 millones de pesos, el 28 por ciento del precio de la mercancía asegurada.
Aunque la UEAF reportó la desaparición de este lote a la entonces Visitaduría General de la PGR, hoy Fiscalía de Asuntos Internos, para iniciar una investigación, a la fecha se desconoce si algún servidor público fue sancionado por este hecho en particular.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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