CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 7 de abril de 2023
En enero de 2002, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) declaró como “zona ingobernable” al municipio morelense de Huitzilac. ¿Por qué? Debido a la tala clandestina en los bosques de dicho municipio y pueblos circunvecinos, pero además por el saqueo desmedido de tierra de monte.
Asimismo, la localidad se había convertido en reducto de células delictivas dedicadas, entre otros delitos, al secuestro, el tráfico de drogas, el asalto a mano armada, el robo de vehículos y la venta ilícita de autopartes. Aunque ya transcurrieron más de dos décadas, la problemática presenta vaivenes. Jamás ha cesado, a pesar de múltiples operativos desplegados por los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Lo anterior ha causado graves daños al corredor ecológico Ajusco-Chichinautzin (decretado como área nacional protegida el 30 de noviembre de 1988), consistente en modificación del entorno por desecación, deforestación, construcción de caminos, crecimiento poblacional, erosión, abatimiento de manantiales, extracción ilegal de flora, fauna silvestre y tierra; caza furtiva, ganaderización, incendios provocados, cambios de uso del suelo, presión en el uso del mismo por los elevados precios derivados de las actividades de bienes raíces, etcétera.
Es importante señalar otra actividad económica, también ilegal, y que provoca conflictos agrarios y políticos: el tráfico con predios comunales en un contexto social cuya mayoría son comuneros. Este problema empezó en 1954. Legalmente están reconocidos ocho fraccionamientos, pero en total existen 27, todos irregulares. De la venta de predios comunales se han derivado infinidad de enfrentamientos por el control de la Representación de Bienes Comunales, cuyos últimos presidentes también han usufructuado la tala clandestina, la extracción de tierra y la expedición de documentos sobre terrenos, muchas veces apócrifos. El tráfico de constancias de posesión y demás documentos falsos es constante.
En torno a la tala de árboles, extracción de tierra y cambio de uso del suelo por la urbanización hay graves perjuicios en Huerto de San Pedro, Monte Bello, San José de la Montaña, Guayacahuatla, Atlixtac, Coajomulco, Tres Marías, Cruz del Marques, Fierro del Toro y Huitzilac.
Desde luego, la impunidad yacía en el fondo de la grave problemática, perdurable hasta hoy. Alrededor de 150 familias se dedican al saqueo de madera, según acaba de declarar el alcalde Rafael Vargas Muñoz. Siempre se ha sabido que los “talamontes” consiguen ingresos semanales de entre cinco y 200 mil pesos.
Entrevistado al respecto, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, señaló que la grave problemática le fue expuesta a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su reciente visita a Cuernavaca. Ambos personajes acordaron la realización de operativos contra la tala clandestina, respaldados por fuerzas federales.
Los talamontes siempre han actuado en contubernio con corporaciones federales, ya que la actividad genera ingresos cuantiosos. La explotación irracional de la riqueza silvícola de Huitzilac y sus alrededores, así como en otras regiones morelenses, no tendría razón de ser sin el encubrimiento de agentes gubernamentales. Por eso son exiguos los cateos y la detección de aserraderos ilegales. A finales del 2022 se ubicó un aserradero clandestino que fue cateado por elementos de la Guardia Nacional; esta acción causó la molestia de algunos habitantes del municipio y propició una manifestación y quema de llantas para sitiar a los efectivos que cateaban los domicilios señalados como talleres de talamontes.
Respecto a la problemática, en marzo del presente año el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión una iniciativa que contempla el aumento a las sanciones para quien “desmonte o destruya la vegetación natural; se corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo forestal, en un área natural protegida, se incremente la pena máxima actual de 12 a 13 años de prisión y multa de 4,000 a 8,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente”.
Empero, esto sigue siendo letra muerta en las zonas arrasadas por grupos criminales.
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