El titular de la Fiscalía General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, declaró que por no tener fuero, ya que se lo despojó la Cámara de Diputados mediante una interpretación constitucional errónea, puede ser detenido por la FGR; asimismo, rechazó que en la institución a su cargo exista alguna carpeta de investigación en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
En conferencia de prensa virtual, el funcionario dejó en claro que sigue al frente de la Fiscalía y no piensa renunciar. Al contrario, recurrirá a todos los medios legales para defenderse ante la decisión adoptada por la Cámara Baja este miércoles, la cual sienta un precedente negativo en contra de todos los fiscales generales del país, en cuyas constituciones políticas locales, como es el caso de Morelos, se reconoce a las fiscalías como órganos constitucionales autónomos. Lo anterior se establece en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que equivocadamente interpretaron los diputados con una facultad que no les corresponde.
Indicó que, si llegase a ser detenido y encarcelado por delitos que nunca ha cometido, se convertiría en preso político. Agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP le turnó un documento donde el organismo subraya que no existe ninguna indagatoria sobre él por supuesto blanqueo de capitales. “Por eso no voy a renunciar, porque no he cometido ningún delito. Aquí seguiré y si se me pide comparecer ante alguna autoridad, lo haré”, añadió, al tiempo de afirmar que la UIF solo le encontró dos cuentas bancarias: una de la Notaría de la cual ha sido titular, y otra con su nómina de la FGM.
Se le preguntó si lo ocurrido en la Cámara de Diputados se debe a alguna investigación en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Carmona Gándara señaló que en su Fiscalía no existe ninguna investigación sobre el Ejecutivo, y eso habrá que preguntárselo a él. Y se deslindó del actuar del Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, quien se maneja de manera autónoma. En ese sentido puso énfasis al deslindarse del ex gobernador Graco Ramírez.
Concluyó diciendo que la suspensión definitiva concedida por un Juzgado Federal para no ser sometido a juicio de procedencia, se quebrantó por la Cámara de Diputados, ya que a ese ámbito no le corresponde interpretar la constitucionalidad, sino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Defenderé el fuero constitucional por la vía jurídica, iré en contra de una determinación equivocada, pues se interpretó un artículo sin que los diputados tuvieran facultades para ello”.
La piedra angular donde radica la constitucionalidad del fuero de los fiscales estatales sigue siendo el amparo concedido por un Juzgado Federal contra el juicio de procedencia. Además, la Cámara de Diputados, dentro del juicio de amparo, no respondió cuando fue requerida por el Juzgado respectivo; no impugnó la suspensión definitiva.
Consideró como un hecho lamentable que una circunstancia política haya alcanzado estos niveles de confrontación, que no pasan inadvertidos para la delincuencia. “Esas diferencias deben quedar atrás, porque los adversarios, los delincuentes, perciben cuando las autoridades están confrontadas”, dijo.
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