CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 11 de diciembre de 2020
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vino a Cuernavaca el 31 de octubre y se fue sin autorizar un centavo para nuevas infraestructuras. Por ejemplo, no dijo nada con respecto a reanudar, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la ampliación de la Autopista La Pera-Cuautla, frenada debido a la inexistencia de recursos federales por el orden de los 2 mil millones de pesos. Sin embargo, según declaró el alcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, López Obrador le dijo que no debe frenarse el desarrollo de la capital morelense.
Es aquí dónde surge la inevitable pregunta: ¿De dónde papá, considerando que el Ayuntamiento cuernavacense está inmerso en el más grave precarismo de que se tenga memoria?
Y la misma situación de miseria existe en los 35 municipios restantes, a lo largo y ancho de nuestra entidad federativa. El escenario financiero de Cuernavaca se repite por doquier. Arrojen ustedes una piedra, hacia la dirección que deseen. Donde caiga, ahí habrá autoridades municipales ahorcadas, a punto de cerrar el año sin fondos ni siquiera para pagar aguinaldos, mucho menos para construir nuevas obras y/o sostener los servicios públicos.
Los municipios se enfrentan a la parálisis con respecto a la creación de nueva infraestructura, simple y sencillamente porque no tienen ingresos suficientes. Y los que existen, están comprometidos para pagar laudos laborales o saldar antiguos adeudos municipales, incluidos los créditos e intereses adquiridos por anteriores administraciones.
Asimismo, los 36 ayuntamientos se sostienen con una dependencia absoluta de los gobiernos federal y estatal, que a su vez también sufren por la escasez de recursos. AMLO puede venir a Morelos y decir misa, pero la realidad es que su famosísima 4T también está desfondada. López Obrador debe estar muy pero muy preocupado porque casi se le terminó el dinero destinado a sostener su clientela electoral a través de subsidios, también denominados programas sociales de bienestar.
Cuando los actuales presidentes municipales (siendo aún electos) se disponían a tomar posesión a comienzos de 2019 advertimos que en los meses venideros habría mayor pobreza y nuevos escenarios de ingobernabilidad.
Todos los alcaldes siguen enfrentando condiciones de empobrecimiento, lo cual afecta el desarrollo económico regional, la seguridad pública, el otorgamiento de servicios, etcétera. Y es que el desafío no es simplemente recoger la basura, poner gasolina al parque vehicular de las comunas, dotar de agua potable y alcantarillado a las colonias, sino de cómo construir un mejor Morelos hacia el futuro.
Ejemplo de todo lo antes descrito es lo ocurrido ayer en Cuernavaca, cuando trabajadores adscritos al Ayuntamiento de Puente de Ixtla bloquearon avenidas importantes de Cuernavaca y el Paso Exprés en ambos sentidos, lo cual duró alrededor de cinco horas, entorpeciendo la cotidianeidad de miles de personas, hasta que la Secretaría de Gobierno consiguió neutralizar las protestas que, hasta donde estoy informado, auspició deliberadamente el alcalde Mario Ocampo, identificado por el pésimo manejo administrativo de la comuna, de por sí inmersa en el precarismo financiero.
Según trascendió durante las protestas, el Ayuntamiento suspendió la mayoría de servicios públicos y dejó de pagar salarios a los más de 400 trabajadores, entre sindicalizados y de confianza. Es decir, la administración municipal está en bancarrota, como el resto de municipalidades morelenses.
Por esta crisis económica, los burócratas municipales se trasladaron hasta la capital de Morelos para presionar al Gobierno del estado y diputados e impulsar un rescate financiero para el municipio.
Como en cualesquiera de los ayuntamientos, el de Puente de Ixtla está quebrado debido a deudas heredadas por el ex alcalde Julio Espín Herrera. El actual presidente municipal adeuda más de 200 millones de pesos y la posibilidad de ser destituido por no poder pagar laudos laborales ejecutoriados. Etcétera, etcétera. El presupuesto anual del municipio es de 149 millones de pesos, de los cuales un 30 por ciento se destina al pago de la deuda y el resto para la nómina y pagos de servicios.
Así las cosas, no solo Puente de Ixtla, sino el resto de localidades morelenses están cerrando el año sin recursos para sostener los servicios municipales marcados por el 115 constitucional. Mucho menos tienen para pagar los tres meses de aguinaldo. Viene, pues, una grave etapa de ingobernabilidad en ciertas regiones, ante lo cual estaremos atentos, para después comentarlo aquí.
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