Empleados del Centro de Reinserción Social de Puente Grande aseguran trabajar bajo amenaza.
A los integrantes de la tercera unidad, grupo que estuvo de guardia entre la noche del 10 de febrero y las primeras horas del 11, cuando presuntamente se registró la violación de tres custodias, les dijeron que serían enviados a penales del interior como el de Lagos de Moreno o el de Autlán, si mencionaban el tema o cualquier otra irregularidad en el penal.
«Es una intimidación, empezaron a haber ciertas amenazas, indicaciones, (dicen) que ‘si ustedes hablan de alguna situación de movimientos los cambiamos a centros lejos’. El que anda amenazando es responsable del jurídico en la tarde (del penal)», comentó una fuente de la institución.
Cambios a centros lejanos es justo lo que recibieron custodias del penal femenil cuando denunciaron el traslado irregular masivo de mujeres hacia los penales varoniles en marzo de 2020, represalias documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Recomendación 147/2021.
«Se documentaron acciones realizadas por autoridades de la Dirección de Reinserción Social del Estado ordenando el cambio a otros centros de personal de custodia y vigilancia (…), cambio realizado con posterioridad a denunciar las diversas irregularidades cometidas de forma reiterada por las autoridades de esa comisaría», dice esa recomendación.
En enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había pedido medidas urgentes para proteger y reforzar al personal de custodia de las prisiones del País y advirtió autogobierno y/o cogobierno en varios penales, entre ellos 8 de 12 cárceles en Jalisco.
«(La insuficiencia de custodios y el autogobierno) sirven de oportunidad para los grupos delincuenciales para la captación, evasión o rescate de personas y/o la comisión de actos ilícitos al interior y exterior de las cárceles», señaló la CNDH.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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