CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 20 de abril de 2023
El primero de septiembre de 2018 fue instalada la 64 Legislatura Federal. Frente al televisor fue indignante ver a los mismos de siempre dentro de todos los grupos parlamentarios. Políticos, politicastros, politiqueros y politiquillos que se autonombran nuestros representantes, cuando a lo largo de muchos lustros incumplieron las promesas de campaña.
El mismo escenario se repitió aquel día en el Congreso local, cuyos legisladores se estrenaron con discursos anquilosados y abultados catálogos conteniendo magníficos deseos, mientras la sociedad seguía y sigue de mal en peor.
De la misma forma en que miles de servidores públicos no reditúan nada positivo a la sociedad, los legisladores tampoco lo hacen. Cada tres años nos ofrecen modernizar y perfeccionar el ya de por sí obeso marco jurídico morelense.
Y no dudo que, mediante honrosas excepciones, así se haya hecho en legislaturas anteriores, aunque engrosando el número de leyes, reglamentos y códigos inservibles.
A continuación un botón de muestra sobre las normas que, para ser aprobadas, promulgadas y finalmente arrojadas al cesto de los buenos deseos, se debió pagar un altísimo costo:
Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución del Sur; Ley de Deuda Pública para Morelos; Ley de Deuda Pública; Ley de la División Territorial; Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares; Ley de Expropiación por Causas de Utilidad Pública; Ley de Fomento y Protección de Nuevas Ciudades Industriales; Ley de Mercados; Ley de Predios Baldíos; Ley de Protección de Caminos al Paso por las Poblaciones del Estado de Morelos; Ley de Regularización de la Pequeña Propiedad Rural; Ley del Sistema de Seguridad Pública; Ley Estatal de Fauna; Ley Estatal de Planeación; Ley Ganadera; Ley General de Bienes; Ley General de Documentación; Ley Orgánica del Servicio Público de Estacionamiento y Guarda de Vehículos; Ley para el Ejercicio de las Ciencias Médicas; Ley para la Exención de Impuestos a Asociaciones Deportivas y Sociales. Etcétera, etcétera. Y de la misma forma podría mencionar decenas y decenas de reglamentos inútiles.
Además de la Constitución Política tenemos 46 leyes, 195 reglamentos de índole estatal, 60 reglamentos que rigen al Ayuntamiento de Cuernavaca (cada municipio presenta diferentes cantidades) y 11 códigos.
Al paso del tiempo, los legisladores fueron acomodándose en sus ínsulas de poder, distribuyéndose los más importantes cargos y las abundantes prerrogativas dentro de las estructuras legislativas. Se confirmó la regla: “A mi pónganme donde hay”. Más de un diputado posee camionetas de lujo y, a estas alturas del trienio, ya pagaron sus deudas. Seguro habrá quienes se perfilan a la consolidación de su situación patrimonial mediante el consabido tráfico de influencias.
El problema para nuestra sociedad sigue siendo la simulación (equiparable a la corrupción) de quienes ocupan cargos de elección popular y de supuesta representación social.
Hasta el día de hoy, los legisladores se la han pasado en su zona de confort. Puro show y nada de verdaderos procedimientos legislativos a favor de la sociedad. Hoy por hoy, los ámbitos parlamentarios, ya sean federales o estatales, constituyen auténticas arcadias financieras. Y ahí vienen de nuevo. En la presente semana se presentó una pléyade de personajes que aspiran a la candidatura de “la sociedad civil” a la Presidencia de la República. Son alrededor de una docena de mujeres y hombres ansiosos por conseguir algo rumbo a “La Madre de Todas las Elecciones”. Pronto lo veremos: buscarán ocupar espacios en las cámaras de Senadores y Diputados.
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