Una investigación de la revista Times Magazine-ProPublica reveló cómo Estados Unidos armó minuciosamente un caso contra el General mexicano Salvador Cienfuegos, quien se sospechaba tenía vínculos con el crimen organizado, y luego decidió dejarlo ir.
Durante años, las agencias policiales y de inteligencia de EU habían estado observando a Cienfuegos mientras ascendía en el Ejército mexicano para convertirse en Secretario de Defensa entre 2012 y 2018, según The New York Times.
Desde fines de 2015, la DEA investigaba lo que creía que eran los tratos corruptos del General con Los «H», un grupo criminal con sede en Nayarit. En 2019, un gran jurado federal en Brooklyn lo acusó en secreto de cargos de conspiración de drogas.
El 15 de octubre de 2020, Cienfuegos y su familia aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para vacacionar. Allí, el militar fue detenido.
El encarcelamiento del General retirado no apareció en las portadas de diarios de EU, ya que eran los días previos a las elecciones de 2020 y el Covid-19 estaba en aumento, pero sí llegó a los titulares en México, donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador pareció tomar la noticia con calma.
Sin embargo, los líderes militares se quejaron en privado con el Mandatario de que los estadounidenses habían llevado a cabo una investigación secreta y posiblemente ilegal dentro de México, mancillando a todas las Fuerzas Armadas.
El tono presidencial cambió abruptamente. «En otras Administraciones venían a México como si esta fuera su casa», dijo sobre la DEA. «Aquí hasta operaban. Eso ya no está sucediendo».
Durante más de una década, Estados Unidos y México resolvieron tales tensiones en el marco de la Iniciativa Mérida, un acuerdo histórico de 2007 para combatir la violencia criminal que entonces convulsionaba a México.
Pero López Obrador siempre se había mostrado escéptico sobre la asociación. Un nacionalista de la vieja escuela vio a la DEA como un símbolo de la arrogancia estadounidense.
Con el fuerte aumento de las tensiones, los fiscales y agentes estadounidenses quedaron atónitos por lo que sucedió a continuación, según el NYT.
De acuerdo con funcionarios del Departamento de Justicia, el Fiscal General William Barr le pidió a uno de sus ayudantes una evaluación de la evidencia contra Cienfuegos. Para procesar a un sospechoso tan poderoso y de alto perfil como Cienfuegos, argumentaron, el Gobierno necesitaba pruebas contundentes de su culpabilidad.
«No es que no tuvieran pruebas», dijo un funcionario familiarizado con el caso.
«Pero la mejor evidencia que tenían eran mensajes entre dos personas muertas».
Apenas dos semanas después del arresto, Barr le dijo al Canciller Marcelo Ebrard que retiraría los cargos y enviaría al General a casa.
Sugirió que Cienfuegos no era un objetivo tan importante y que los funcionarios mexicanos prometieron investigar el caso ellos mismos.
«Dejé en claro que estaba dispuesto a regresar a Cienfuegos y estaba haciendo los trámites necesarios para hacerlo», escribió Barr en sus memorias.
«Personalmente, sentí que el caso no valía la pena para echar por tierra cualquier perspectiva de una cooperación más amplia con los mexicanos».
Según dos funcionarios informados sobre la llamada, Barr pidió a México que no se menospreciara públicamente la evidencia de la DEA contra Cienfuegos y expresó su esperanza por la captura de Rafael Caro Quintero.
Pero no recibió ningún acuerdo formal sobre ninguno de los dos puntos.
Barr estaba actuando para proteger «la relación de Estados Unidos con México y los esfuerzos cooperativos de aplicación de la ley» relacionados con el «tráfico de narcóticos y la corrupción pública», indicó por su parte el fiscal jefe del caso.
El episodio llevó a un casi colapso de la cooperación policial entre los dos países. Envalentonado por lo que los mexicanos vieron como la humillación de la DEA, López Obrador acusó a la agencia de «fabricar» sus cargos contra Cienfuegos.
A instancias del Presidente, la Legislatura impuso nuevas y agobiantes restricciones a la capacidad de los agentes estadounidenses para operar en México. Se disolvió una unidad de drogas de la Policía mexicana que trabajaba con funcionarios estadounidenses en casos delicados. Durante meses, México se negó incluso a otorgar visas a decenas de agentes de la DEA asignados allí.
El año pasado, el Gobierno de López Obrador declaró muerta la Iniciativa Mérida. En su lugar, los dos Gobiernos propusieron un nuevo «marco del bicentenario» que enfatizaba la reducción de la violencia y la represión del flujo de armas ilegales estadounidenses hacia México.
Pero las operaciones policiales conjuntas, consideradas fundamentales para generar confianza bilateral y fortalecer la Policía mexicana, apenas se mencionaron.
Con el arresto de Cienfuegos, los investigadores creían que finalmente habían expuesto la corrupción de alto nivel que ha sustentado durante mucho tiempo al crimen organizado en México.
En cambio, dicen, es probable que el episodio defina los límites de la política de seguridad de Estados Unidos en México en los años venideros.
En enero de 2021, el Gobierno mexicano anunció las conclusiones de su investigación sobre Cienfuegos, pocos días antes de que Trump dejara el cargo. Los investigadores dijeron que no encontraron evidencia de que el General hiciera algo malo.
Siguiendo instrucciones de López Obrador, los fiscales mexicanos hicieron público el archivo confidencial de interceptaciones de la DEA. Los estadounidenses estaban furiosos. En declaraciones, que en otro momento podrían haber provocado una confrontación diplomática, López Obrador dijo que las autoridades estadounidenses deberían investigar a los agentes de la DEA que intentaron incriminar a un líder militar inocente y respetado. Más tarde llamó a los cargos «basura, basura».
Quince años después de que los dos países declararan un esperanzador fin al conflicto que marcó su lucha contra el narcotráfico, la saga de Cienfuegos ha dejado al descubierto la fragilidad y los fracasos de su sociedad, de acuerdo con el NYT.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.
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